El Gobierno oculta los datos de cambio de sexo con la Ley Trans

El Gobierno no parece dispuesto a dar datos sobre cuántas personas han solicitado el cambio de sexo tras la entrada en vigor de la Ley Trans el 2 de marzo. Es decir, quiere evitar hacer público el impacto social que está teniendo la nueva norma, que permite el cambio de sexo con mucha mayor facilidad ya que ya no es necesario aportar informe médico o psicológico que acredite la disconformidad con el sexo consignado en la inscripción de nacimiento ni la previa modificación de la apariencia de la persona a través de procedimientos médicos o quirúrgicos.

Sí es cierto que todavía es imposible medir el impacto completo que ha tenido la ley porque el trámite para cambiar de sexo puede llevar más de cuatro meses, pero sí se pueden ofrecer datos sobre cuántas personas lo han solicitado y comprobar si, como algunas fuentes indican, ha habido una avalancha de solicitudes o no.

Vox registró a finales de marzo una pregunta parlamentaria por escrito para saber cuántas personas han solicitado el cambiado de sexo. Sin embargo, el Gobierno, en su respuesta, ha evitado precisarlo y ha aducido que «el Instituto Nacional de Estadística no elabora estadísticas sobre cambio de sexo». «No existe en la actualidad ninguna estadística en el Plan Estadístico Nacional que informe sobre la materia», ha añadido.

Lo cierto es que no es el primer intento de un grupo parlamentario ni tampoco va a ser el último porque el PP también está preparando una batería de preguntas parlamentarias sobre la cuestión. En las filas populares consideran que el Gobierno está haciendo «trampas» para evitar dar los datos sobre el número de personas que han pedido el cambio de sexo y, por ello, van a hacer una redacción cuidadosa. En este sentido, antes de Vox, el diputado del grupo mixto Pablo Cambronero había reclamado los datos, pero Moncloa respondió con un requerimiento de aclaración para que reformulase la pregunta.

Es evidente que el Gobierno tiene datos sobre el cambio de sexo porque en alguna ocasión los ha hecho públicos y porque su recopilación es factible con la información que se vaya transmitiendo desde el Registro Civil, lugar donde se tramitan los cambios de sexo. Los datos del Registro Civil se centralizan directamente a una plataforma interna (Dicireg).

Cabe recordar que, tras la entrada en vigor de la Ley Trans, para cambiar de sexo basta con la solicitud (entre 14 y 16 se requiere el beneplácito de los padres y entre 12 y 14 se precisa de autorización judicial). Una vez recibida la solicitud en el Registro Civil, se cita a la persona interesada para que comparezca. Realizado ese trámite, se vuelve a citar al interesado en un plazo máximo de tres meses y si ratifica su intención, en el plazo máximo de un mes se emite la resolución para materializar el cambio de sexo.

Esta facilidad para obtener el cambio de sexo ha desatado las alarmas en muchos sectores sociales porque puede ser usada como subterfugio para determinados fines (a menudo, entre los críticos con la ley, se alerta de que se puede usar para aprovecharse en oposiciones que reserven una cuota para mujeres, por ejemplo). «Queremos saber qué está pasando con la Ley Trans porque estamos teniendo informaciones de que ha habido solicitudes de cambio de sexo para presentarse a una oposición», señalan desde el PP.

En este sentido, este diario publicó el 10 de marzo, una semana después de que la ley entrara en vigor, algunos datos parciales que apuntaban ya a una avalancha de solicitudes de cambio de sexo y se indicaba que prácticamente la totalidad de las peticiones eran de hombres que querían registrarse como mujeres. Según puntualizaban los funcionarios del registro, la gran mayoría tenían tan solo interés por la identidad de género, ni se planteaban el cambio de nombre, una circunstancia que alimenta las alarmas sobre los posibles «efectos indeseados» de la Ley Trans.

Sin embargo, el Gobierno evita dar las cifras porque, según denuncian en el PP, quiere evitar a toda costa la polémica que puede suscitar si se confirma que ha habido una avalancha de peticiones de cambio de sexo. En las filas populares señalan al Ministerio de Justicia como departamento responsable de ofrecer esos datos porque el Registro Civil está en el Ministerio de Pilar Llop, pese a que la Ley fue impulsada por Irene Montero (Igualdad).

Cabe recordar que la Ley Trans se aprobó con mucha división en la izquierda, también. El PSOE se resistió hasta el último momento a permitir que el cambio de sexo entre los jóvenes de 14 a 16 años se pudiera permitir sin autorización judicial y diputadas de tanta relevancia, como la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, advirtieron de que la norma «podría destrozar la legislación de igualdad».