El Gobierno rechaza el cambio de estatutos de la Fundación Franco

En plena batalla de Moncloa para ilegalizar la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), el Registro de Fundaciones rechaza ahora la solicitud de inscripción de una «modificación de estatutos» por parte de la entidad, que el organismo adscrito a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública recibió el pasado 21 de enero, aunque la Fundación asegura haberla presentado en 2023.

Según la resolución, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, con fecha del 14 de febrero «se notificó requerimiento de subsanación» a la FNFF, «indicándole que, de no producirse en el plazo de diez días, se entendería que ha desistido de su petición».

Documentación

Determina el ente de competencia estatal que «el plazo para subsanar finalizó sin que el interesado aportase la documentación requerida» y que, por lo tanto, «no consta en este Registro de Fundaciones actividad alguna en la que se hubiese atendido al requerimiento realizado a efectos de subsanación de los defectos señalados». Así, declara «por desasistida» la petición, pero, «no obstante», recoge el documento, «si con posterioridad a la presente resolución obtuviese la documentación solicitada, [el interesado] podrá formular de nuevo la solicitud de inscripción que pudiera corresponder».

Fuentes de la Fundación Franco indican que la rectificación que se le pedía hace referencia a «detalles nimios, como la validación de cuatro patronos ante notario y otros asuntos menores».

"Un caos"

Alegan, por contra, que han «presentado siempre todo conforme a lo establecido legalmente», pero su explicación es que «la administración es un caos y hay documentación entregada en tiempo y en forma que desaparece», según estas fuentes, que incluso insisten en que «no es la primera vez que ocurre».

La Fundación Franco afirma «no haber tenido problema desde 2018», cuando llevó a cabo el primer retoque de sus estatutos, pero que «ha sido en el último año cuando han emprendido esta ofensiva buscando fallos administrativos», coincidiendo con la batería de medidas emprendida por el Gobierno para dejar fuera de la ley a la entidad por «apología del dictador».

En este sentido, la más reciente reforma estatutaria se presentó en junio de 2023 y la FNFF no ha tenido noticia alguna «hasta hace unos meses», de manera que «solo por silencio administrativo ya dábamos por hecha su aprobación», apuntan desde la entidad.

El cambio se presentó en el registro del Ministerio de Justicia el 26 de mayo de ese año, y afecta al artículo 6, donde se detallan los fines a seguir: «Difundir y promover el estudio y conocimientos sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco Bahamonde, en su dimensión humana, militar y política».

"Evitar el menosprecio"

Para la Fundación Franco «es evidente que la última modificación estatutaria» que ha llevado a cabo –y que ha encallado en el Registro de Fundaciones– «pone ante un juez muy difícil la ilegalización por nuestra referencia a evitar siempre el menosprecio hacia las víctimas», puesto que es esta una de las condiciones que señala la Ley de Memoria Democrática respecto a organismos que pueden ser puestos fuera de circulación si no acatan el respeto debido a quienes «padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura».

«Son trabas, una tras otra, que el Ministerio de Cultura –a través del Protectorado de Fundaciones– nos pone para no dar por válida la reforma ya hecha», lamentan las mismas fuentes.

Para solventar el actual requerimiento, presentarán de nuevo lo que se reclama en la última resolución del Registro de Fundaciones –a pesar de haberlo hecho ya, con registro de entrada que lo prueba– para demostrar que los cuatro patronos aludidos sí certificaron en su día el alta como tales ante notario, aunque ahora tendrán que volver a un profesional que dé fe de esta circunstancia.

En cualquier caso, desde la Fundación Franco no dudan de que «nos volverán a pedir otra cosa, es lo que hay».

De forma paralela, el Gobierno va cumpliendo los plazos marcados para ilegalizar la FNFF. Un informe elaborado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática constituye el paso previo a recurrir a la Justicia, puesto que será un tribunal el que tendrá que adoptar la decisión final. Este documento incorpora análisis de expertos en Derecho Constitucional, testimonios de víctimas del franquismo y un estudio sobre el impacto de la entidad en los medios de comunicación.

El derecho de asociación sigue en el Senado

El informe del Senado sobre la reforma impulsada por el PSOE, que permite la disolución de asociaciones franquistas –con la Fundación Franco en el punto de mira en otra vía para su extinción–, considera que la norma es inconstitucional al vulnerar el derecho fundamental de asociación, el principio de igualdad ante la ley y la libertad ideológica y de expresión. El texto está pendiente de votación en el Senado, donde el PP tiene mayoría. Ha advertido de que es inconstitucional, pero en el Congreso se abstuvo.