El Gobierno recibe 2,5 reclamaciones al día por su opacidad al rendir cuentas

Las instituciones públicas están obligadas a rendir cuentas y hacer de la transparencia una de sus señas de identidad para garantizar así el buen funcionamiento del sistema democrático. Así suena la teoría, la práctica, en cambio, es otra. Si algo caracteriza al Ejecutivo de Pedro Sánchez es su opacidad a la hora de rendir cuentas y ofrecer información detallada sobre asuntos relacionados con contrataciones públicas, informes o normativas de carácter público. Los datos del Portal de Transparencia y Buen Gobierno reflejan la opacidad del actual Ejecutivo que hasta octubre de 2022 ha recibido 944 reclamaciones por falta de transparencia, es decir una media de 3 por día en los diez primeros meses del año, lo que significa que Pedro Sánchez va camino de batir un nuevo récord, a tenor de los datos históricos.

Este dato corresponde a la quejas recibidas en la Administración General del Estado donde se han recepcionado desde 2015 un total de 6.292 denuncias por falta de transparencia. En este sentido, si se analizan los datos correspondientes a los ocho últimos años se aprecia un incremento anual desde 2018, año en el que Pedro Sánchez desalojó a Mariano Rajoy mediante una moción de censura. En 2015 se recibieron un total de 517 denuncias, es decir, una media de 1,4 al día: al año siguiente se registraron 557, es decir 1,5 al día. En 2017 los datos fueron exactamente los mismos, según recoge el Portal de Transparencia y Buen Gobierno. Es a partir de 2018 –coincidiendo con la irrupción de Sánchez en el Palacio de La Moncloa– cuando las reclamaciones por falta de Transparencia empiezan a experimentar subidas preocupantes. Ese año se recibieron 755, es decir una media de 2 al año, en 2019 fueron 927, lo que significa 2,5 diarias; en 2020 aumentan hasta 949, es decir 2,6 cada día y en 2021 se pulveriza todos los récord al alcanzar el millar: 1.086 denuncias ante este organismo, es decir 2,9 cada día. Volviendo a la cifra inicial –944– todo apunta a que Sánchez volverá a romper todas las marcas.

Hay otro dato inquietante: el porcentaje de reclamaciones estimadas. Según este Portal, una queja se cataloga como estimada cuando se acepta la pretensión del ciudadano de conocer la información. Es decir, son resoluciones que obligan a que la Administración facilite la información solicitada. Dicho de otra manera, se da la razón al ciudadanos y se tira de las orejas, exigiendo a la Administración que ponga a disposición del demandante dicha información.

Casi todos los Ministerios han recibido alguna reclamación, si bien es cierto que sobresale la cartera que dirge, Fernando Grande-Marlaska. Así, Interior acumula alrededor de un centenar de denuncias aceptadas, según los datos del Portal de Trasnparencia. Le sigue Hacienda y la tercera posición es para el Ministerio de Sanidad, con Carolina Darias a su cabeza. Entre la información que solicita el ciudadano figuran datos como por ejemplo el número de vuelos comerciales operados por Royal Air Maroc por encargo del Ministerio del Interior desde el 1 de enero de 2021 para el traslado de marroquíes que entraron irregularmente en España y su coste o la retribución de los presentadores y comentaristas de las galas de preselección de la canción candidata y del festival de Eurovisión para RTVE desde el año 2000 al 2021.

El Gobierno está obligado por Ley a responder a estas preguntas, en virtud de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. De hecho desde que Sánchez aterrizó en La Moncloa este organismo le ha criticado en varias ocasiones por no informar, entre otros asuntos, del coste de sus desplazamientos. Para este organismo el gasto de los viajes de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno es de interés público y, por tanto, ha de publicarse. La institución encargada de velar por la transparencia en España ha censurado en varias ocasiones queMoncloa se escude en la Ley de Secretos Oficiales para no informar sobre el coste de sus viajes. También este órgano ha sido extremadamente crítico con la información sesgada ofrecida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez durante la pandemia, ya que se negó a informar detalladamente, por ejempo, de las reuniones que Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), había mantenido en enero de 2020 en el marco de la crisis sanitaria. En aquella ocasión, el Ministerio de Sánidad esgrimió que Simón no era un alto cargo y que por ello no tenía que publicars ese dato. Desde el Consejo se instó a dar esta información debido a que Simón sin ser un alto cargo público tomaba decisiones importantes.

Otros récords

La opacidad no es el único rasgo y récord que ostenta el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Desde el inicio de la legislatura ha estado en el punto de mira por dibujar el gobierno con mayor número de ministros de la Democracia. Según los documentos de la Intervención General de la Administración del Estado, en 2021, el presidente y sus 22 ministerios alcanzaron un coste para el erario público de más de 172.000 millones de euros, superando ese año el récord del año anterior. No es un dato baladí, si se compara con el útlimo gobierno de Mariano Rajoy cuyo coste fue de 144.000 millones de euros. Lógicamente, esta estructura de elefante se traslada al número de asesores contratados. El de Pedro Sánchez también es el que cuenta con un mayor número, según los datos recopilados por varios medios.

Por último, otro rasgo que está definiendo al actual Ejecutivo es el ninguneo al poder legislativo. El gobierno de coalición también pulveriza todos los récords y es el quien más está usando ese mecanismo constitucional que tanto le afearon los socialistas a los populares y del que ahora Moncloa usa y abusa, convirtiendo la excepcionalidad de su uso en la norma que anula al Parlamento.