El Gobierno no sube su oferta y jueces y fiscales se piensan la huelga

Tras conseguir frenar la huelga indefinida de jueces y fiscales, que debía comenzar ayer, y ganar seis días para presentar una nueva oferta, el Ministerio de Justicia se descolgó ayer con la misma propuesta que ya había trasladado a los representantes de ambas carreras (ahora, eso sí, recogida por escrito): una subida media de 447 euros repartidas en 14 pagas, como ya informó LA RAZÓN, que no se plasmaría plenamente en las nóminas hasta julio del próximo año.

Tras desconvocar los paros indefinidos desde este martes, cuatro de las cinco asociaciones que los respaldan –la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)– formalizaron el pasado viernes una nueva convocatoria a partir del próximo lunes (la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura no firmó ese documento a la espera del rumbo de las negociaciones).

Una huelga que, pese a todo, ahora mismo está más en el aire que nunca. La mayoría de las asociaciones parecen haberse resignado (después de cuatro reuniones de la Mesa de Retribuciones) a la oferta del Ministerio –que supone un aumento del 7% frente al 20 por ciento de poder adquisitivo que aseguran haber perdido desde 2003– y fían ahora el rumbo de las negociaciones a conseguir arrancar a Justicia mejoras tangibles en la retribución de las guardias y los trienios, fundamentalmente.

Guardias y trienios

Según fuentes próximas a la negociación, el Ministerio de Hacienda se ha enrocado en un desembolso máximo de 46,7 millones de euros (aunque algunas asociaciones rebajaron sus pretensiones a 62 millones, la APM elevó esa cifra a 74 millones). Porque es consciente, afirman, que detrás de jueces y fiscales habrá que aplacar las demandas de mejoras salariales de los funcionarios, que han salpicado de paros el calendario desde el pasado 17 de abril y que desde el próximo día 22 acometerán una huelga indefinida (reclaman de 359 a 430 euros mensuales, similares a la que consiguieron los letrados de la Administración de Justicia tras dos meses de paros).

De hecho, según las fuentes consultadas las asociaciones han trasladado al Ministerio un compromiso en el pago de las guardias (planteando, por ejemplo, que cuando obligan a trabajar un festivo al menos se compense con un día de fiesta) y los trienios (que se fijan en función de su primer sueldo, y no en el actual) y que asuma que los jueces y fiscales puedan jubilarse a partir de los 67 años.

La fórmula del departamento de Pilar Llop para contentar a jueces y fiscales supone dar el visto bueno a un incremento medio de 447 euros, repartidos en doce pagas, que se incorporarían a sus retribuciones en tres fases: en cuanto se alcance un acuerdo con carácter retroactivo desde enero (40% de la subida); el 1 de enero de 2024 (otro 40%) y el 1 de julio del próximo año (el 20 por ciento restante).

Una subida del 7%

En el documento que el ministerio ha trasladado a las asociaciones de jueces y fiscales se cifra el aumento en un 7% que se suma, señalan, al «aumento de las retribuciones para los ejercicios 2022, 2023 y 2024 del 8%, susceptible de alcanzar, en determinadas condiciones, el 9,5%» recogido en el acuerdo global con los funcionarios alcanzado el pasado octubre.

Justicia también se compromete a convocar cada año la Mesa de Retribuciones para evaluar el desarrollo de los acuerdos alcanzados y a evaluar, de forma conjunta con el CGPJ, la adecuación de «las cargas de trabajo a la verdadera realidad de los diferentes órganos tras la implementación de los tribunales de instancia». Del mismo modo, asume el «análisis de propuestas» relacionadas con complementos retributivos como las guardias y la antigüedad en la carrera (el montante de los trienios).