El pasado 4 de agosto, dos días después de aterrizar Pedro Sánchez y su familia en la Residencia Real de La Marea en Teguise, Lanzarote, Salvamento Marítimo emitió una alerta que rezaba lo siguiente: «Exclusión temporal a la navegación marítima en la isla de Lanzarote hasta el 31 de agosto de 2025, por motivos de seguridad, en el espacio marítimo delimitado por el trazado de las líneas que unen los puntos A, B, C, D y la costa de la isla de Lanzarote (datum ETRS-89)».

El motivo: la seguridad y privacidad del presidente del Gobierno, para las que el Estado ha dedicado ingentes recursos y esfuerzos en este verano, marcado por un contexto de especial crispación política.

La información, adelantada en exclusiva por LA RAZÓN, ha llevado al Partido Popular a mover ficha en el Congreso de los Diputados. Según desvelan fuentes del grupo que dirige Ester Muñoz a este periódico, los parlamentarios Carlos Blanco y Ana Vázquez han registrado en la Carrera de San Jerónimo un total de siete preguntas dirigidas al Gobierno, para conocer al detalle el porqué del blindaje especial que ha protegido al presidente en su descanso estival de este año.

Los populares destacan que «las autoridades han motivado esta medida en razones de seguridad», cuando, en realidad, lo que se ha hecho es establecer «un perímetro de más de 66 hectáreas que incide en una zona de uso turístico», lo cual limita «el derecho de navegación y posiblemente» afecta a «los derechos de los visitantes y a la actividad económica local».

Asimismo, añaden desde el principal partido de la oposición, «concurren dudas sobre si esta decisión responde exclusivamente a criterios técnicos o también a un interés en restringir la visibilidad de protestas por vía marítima».

La siete preguntas del PP

Por eso, formulan los siguientes interrogantes: «¿Cuáles son las causas técnicas concretas que han motivado el cierre parcial de la navegación marítima en el entorno de La Mareta, detalladas en el aviso de Salvamento Marítimo emitido el 4 de agosto de 2025 y vigente hasta el 31 de agosto?». Uno. «¿Qué informes de riesgo –de seguridad marítima, ocupación de espacio público o posibles amenazas– obran en poder del Gobierno que respalden la adopción de esta restricción, indicando responsables técnicos y fechas de emisión?». Dos.

«¿Qué organismos o instituciones han participado en la decisión (Salvamento Marítimo, Capitanía Marítima, Patrimonio Nacional, Ministerio correspondiente) y cómo ha sido la coordinación entre ellos?». Tres. «¿Qué criterios se han empleado para determinar la extensión de 66 hectáreas y su ubicación precisa?». Cuatro. «¿Se ha evaluado el impacto de estas restricciones en usuarios del mar y en la actividad turística, especialmente en el hotel cuyos clientes tienen acceso limitado al baño o navegación?». Cinco.

«¿Se ha tenido en cuenta la posibilidad de que el cierre suponga una restricción indirecta a la protesta social, al impedir que embarcaciones con pancartas o mensajes se aproximen a la costa de La Mareta? ¿Cómo se valoran estos aspectos en el marco del derecho a la libertad de expresión y protesta?». Seis. «¿Qué mecanismos de revisión o levantamiento anticipado de la restricción contempla el Gobierno, si las condiciones técnicas cambian antes del 31 de agosto?, ¿Qué documentación fue escaneada por el ministro José Bono en su etapa como Ministro de Defensa?». Siete.

De esta forma, Sánchez se verá obligado a dar cuentas de las decisiones más polémicas que rodean a su seguridad veraniega, pues no se pueden eludir las preguntas parlamentarias escritas. Si bien existen mecanismos para evitar algunas de ellas o retrasar su respuesta, el principio general es que obliga algo más que un acuse de recibo. Se trata de la rendición de cuentas, principio básico en el sistema democrático español.

Como viene informando en las últimas semanas LA RAZÓN, la isla de Lanzarote se ha convertido prácticamente en un búnker para preservar la intimidad de Sánchez. El equipo de seguridad de Presidencia ha movilizado a alrededor de 40 agentes para garantizar que todo está bajo control. Además, los anillos de seguridad en el entorno de la residencia oficial se han ampliado de 200 a 400 metros. Es más, se ha llegado a establecer por sistema «la opción de cortar calles» si fuera necesario, en colaboración con unidades locales de policía y Guardia Civil.

Es norma que cuando el presidente sale de Moncloa se despliega un operativo coordinado con todas las Fuerzas de Seguridad del Estado (también policías autonómicos). Estos dispositivos incluyen: escoltas motorizados, vehículos blindados, francotiradores, agentes encubiertos y un análisis previo del terreno para descartar vulnerabilidades. Para el caso concreto de La Mareta, el despliegue es total. Ya no solo para preservar la seguridad de Sánchez y familia, sino para ahorrarle algún altercado fruto de las movilizaciones en su contra.

No obstante, el PP considera que, esta vez, el Ejecutivo se ha excedido con todas las medidas de protección y, por ello, ha decidido pasar al ataque con una nueva ofensiva parlamentaria. Además, los populares de Lanzarote denuncian el contraste de cuando Sánchez acude a cuando se va: «Cientos de agentes desplegados para escoltar al presidente, mientras el resto del año no hay ni efectivos suficientes para garantizar la seguridad ciudadana».