Golpe al desvío de dinero al «procés» a través de ONG

La UDEF arresta a 29 personas vinculadas a un fraude desde la Diputación de Barcelona.

La operación que realizó ayer en Cataluña la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha permitido desmantelar una trama de subvenciones corruptas de la Diputación de Barcelona y algunos organismos de la Generalitat que destinaban dinero al «procés» a través del desvío de fondos destinados, oficialmente, a ayuda humanitaria y entidades similares. En la «operación Estela», como se la ha denominado, se efectuaron 14 registros y se produjeron 29 detenciones, algunas de personalidades significadas con el plan independentista impulsado desde la Generalitat, primero en la etapa bajo la presidencia de Artur Mas y, posteriormente, en la de Carles Puigdemont, tales como Jordi Castells Masanés, ex director y actual subdirector general de Cooperación Local de la Generalitat; Salvador Esteve Figueres, ex presidente de la Diputación de Barcelona, y el actual alcalde de Tordera y delegado de Hacienda, Recursos Humanos, Procesos y Sociedad de la Información del organismo supramunicipal, Joan Carles García Cañizares, entre otros. Además, el juez vincula al diputado de JxCAT Francesc Dalmases con las dos principales entidades, CATmon e Igman, que se encuentran bajo sospecha en esa supuesta trama de desvío de subvenciones de la Diputación de Barcelona para proyectos de cooperación, ya que es socio fundador de la primera de ellas y presidente de la segunda.

Según han informado a LA RAZÓN fuentes de la investigación, la UDEF dispone de datos, que no se pueden revelar en este momento, que acreditan que el destino final del dinero eran los planes separatistas.

Esta operación es consecuencia de una larga investigación, que se inició por una denuncia anónima, en la que se ha podido determinar que desde la Diputación de Barcelona y algunas entidades de la Generalitat se facilitaba a determinadas empresas del ámbito separatista subvenciones (que pueden superar los dos millones y miedo de euros) que oficialmente irían destinadas a ayudas humanitarias internacionales pero que, según las pistas que tienen los agentes, terminaban en la financiación del «procés» .

Sin embargo, según un comunicado del Ministerio del Interior, sólo dos entidades, Catman e Igman, habían recibido en el periodo investigado, los años 2011-2015, más de 10 millones de euros procedentes de diversos organismos públicos catalanes, entre ellos de la propia Diputación, por lo que se sospecha que el fraude sería mucho más elevado.

Asimismo, se cree que algunas de estas empresas, además de ayudar al independentismo, se podían quedar con parte del dinero para fines aún por determinar. La investigación ha permitido comprobar que la mayoría de los proyectos para la cooperación al desarrollo, a los cuales estaba destinado el dinero de las subvenciones, no se llevaron a efecto. Las empresas se creaban expresamente para el cobro de las subvenciones y encubrir las actividades delictivas con informes copiados literalmente de internet, facturas falsas y un sinfín de irregularidades.

Presionados por Castells

El magistrado que instruye estas diligencias sostiene que en no pocos de los expedientes administrativos adjudicados se observa un «incumplimiento bastante grosero del procedimiento administrativo». Así, por ejemplo, consta cómo los técnicos de la Diputación advirtieron de irregularidades e hicieron anotaciones manuscritas sobre los fallos detectados; se presentaron facturas de una sociedad marroquí «por actividades que debería haber llevado a cabo el Gobierno local preceptivo».

Un aspecto igualmente relevante es el hecho de que el magistrado aprecia la existencia de indicios de que los técnicos de la Diputación «pudieran haber sido presionados por Castells, lo cual debería haber sido de conocimiento de García Cañizares, dado que llegó a intervenir la Agencia Catalana de Salud». En algunos casos, señala el instructor, en la justificación de la concesión de las subvenciones no figura siquiera que se hubiesen desarrollado las actividades principales a las que debería haber ido destinado éstas.