Política

Caso ERE

Griñán y Álvarez «inflaron» los fondos de los ERE con 124 millones

El que fue asesor del exalcalde socialista de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín, Domingo Enrique Castaño (tapado la cabeza con chaqueta), tras ser detenido
El que fue asesor del exalcalde socialista de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín, Domingo Enrique Castaño (tapado la cabeza con chaqueta), tras ser detenidolarazon

Las pruebas contra la ex consejera andaluza Magdalena Álvarez pesan también como una losa sobre la cabeza del actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán. Así se concluye de distintos documentos a los que ha accedido este periódico. Álvarez, imputada en el «caso de los ERE», inventó el sistema de fondos especiales dirigido a sustentar el «fondo de reptiles» con el que desde la Junta de Andalucía supuestamente alimentaron las irregularidades en las ayudas a trabajadores andaluces afectados por procesos de reconversión o reestructuración de empresas. Pero Griñán lo mantuvo.

Álvarez hizo transferencias de financiación a ese fondo cuando se conocían las advertencias de la Intervención General de la Junta. Y Griñán, también. Y Álvarez aprobó distintas modificaciones presupuestarias, bajo acuerdo del Consejo de Gobierno, para inflar aún más las partidas iniciales, ya siendo conocedora de las citadas advertencias sobre las irregularidades. Griñán también actuó de la misma forma.

Griñán volvió a la Junta de Andalucía como consejero de Economía y Hacienda en verano de 2004. En 2008 le nombraron «todopoderoso» vicepresidente. Y en 2009 se presentó a las elecciones y fue elegido presidente de la Junta. Durante la etapa investigada por la jueza Mercedes Alaya se aprobaron expedientes para aumentar los créditos anuales de la aplicación presupuestaria a través de la que se ampliaban los fondos que se remitían a dos empresas públicas andaluzas, el Instituto de Fomento (IFA) y la Agencia de Innovación y Desarrollo (IDEA). Desde estas empresas se desviaba el dinero para nutrir los falsos ERE.

Así, el Presupuesto inicial de 522 millones de euros lo inflaron extraordinariamente Álvarez y Griñán en otros124 millones de euros. Más de 18 millones de euros son de la etapa en la que la gestión dependía directamente de Griñán y seconcretaron cuando la polémica había estallado ya como una «bomba de neutrones».

La excusa de la falta de control dada por el Gobierno andaluz se cae por su propio peso. Los hechos demuestran que la política fue mirar para otro lado y a sabiendas, abundar en un procedimiento señalado como irregular.

Además, las citadas modificaciones presupuestarias fueron autorizadas por el Consejo de Gobierno y los titulares de Consejería competente en materia de Hacienda sin ajustarse a las previsiones normativas en materia presupuestaria y contable de la Junta de Andalucía por no respetar la naturaleza del gasto que se aprobaba. Y la reincidencia se agrava si se valora que Griñán aprobó cuando era ministro de Trabajo y Seguridad Social la Orden del 5 de abril de 1995 sobre ayudas a trabajadores afectados por procesos de reconversión y/o reestructuración de empresas. El Gobierno andaluz jamás aplicó esta orden estatal, cosa que sí hicieron otras comunidades. No aprobó tampoco una norma andaluza al respecto porque prefirió manejarse en el marco opaco, arbitrario y sin control que le permitía el convenio marco ideado por Magdalena Álvarez.

Cuando estallo el escándalo, Griñán aseguró que desconocía los hechos. Pese a que él tenía conocimiento en la materia porque había regulado sobre ella como ministro de Trabajo. Sin embargo, prefirió dejar que funcionara otro procedimiento, investigado ahora judicialmente por haber sido utilizado para el fraude. La documentación también prueba que el control financiero permanente funcionó y puso de manifiesto en reiteradas ocasiones las múltiples irregularidades y vulneraciones de la legalidad que se produjeron mediante el convenio marco de 2001.