La Guardia Civil analiza la implicación de Francina Armengol y Ángel Víctor Torres en el caso Koldo. Los agentes estudian nuevos mensajes que afectarían a la presidenta del Congreso de los Diputados y al ministro de Política Territorial, respectivamente, por la compra de material sanitario a empresas vinculadas a Víctor de Aldama. Como informó LA RAZÓN, la Unidad Central Operativa (UCO) aborda la gestión del gobierno balear y canario con las contrataciones de emergencia en pandemia tras recuperar la competencia para investigar estos hechos.

Fuentes de la investigación consultadas por este medio precisan que se prevé entregar los oficios en la Audiencia Nacional, órgano donde arrancó la investigación a la trama Koldo y que mantiene la instrucción de todo lo relativo a la compra de material sanitario en 2020. Con todo, las mismas fuentes indican que, en lo que respecta a Francina Armengol, se descarta en principio la comisión de ilícito penal toda vez que la gestión de estas contrataciones de emergencia la derivó a subordinados de su gobierno. Del mismo modo, y como informó el diario The Objective, tampoco se contempla un enriquecimiento ilícito por su parte con estas adjudicaciones.

No obstante, sí que se analizan comunicaciones que acreditarían los vínculos de ambos con la trama a la que se le investiga por presunta organización criminal, cohecho o tráfico de influencias, entre otros delitos. Cabe recordar que la expresidenta balear reconoció en una reciente comparecencia en la comisión del caso Koldo en el Senado que sí recibió a Aldama en la sede de su gobierno en el marco de una reunión con el dueño de Air Europa, Pepe Hidalgo. La dirigente socialista rectificó lo dicho en una primera declaración en sede parlamentaria, en la que negó categóricamente haberse reunido con el comisionista del caso.

Los mensajes de Armengol

En esta segunda comparecencia expuso que "no recordaba" haberle recibido, pero descartó que hubiera ocultado información con respecto a lo defendido previamente. Pese a ello, Hazte Oír -asociación personada en las principales causas de corrupción que afectan a Moncloa- interpuso querella contra Armengol por presunto falso testimonio y la amplió tras su segunda comparecencia en el Senado. El Tribunal Supremo ha descartado abrir diligencias ante la ausencia de indicios para proceder contra la aforada y para evitar que se genere una especie de "actuación en paralelo" a la investigación principal que se sigue desde 2023 en la Audiencia Nacional.

Con todo, los mensajes interceptados a la trama evidencian que tanto Armengol como Torres tenían contacto con sus principales protagonistas. Así, por ejemplo, aunque Armengol en un primer momento dijo no recordar haber hablado con Koldo sobre mascarillas, obran en el sumario mensajes intercambiados en plena pandemia con el entonces asesor de José Luis Ábalos. "Buenos días perdona que te moleste, no sé si estás de vacaciones o no pero si puedes llámame por favor. gracias. O dime cuando te puedo llamar", le trasladó Koldo a la entonces presidenta balear el 17 de agosto de 2020, meses después de que el gobierno autonómico adquiriera el lote de 1,5 millones de mascarillas a Soluciones de Gestión por 3,7 millones de euros.

Armengol le respondió que tenía el día "ocupado" pero que lo intentaría a mediodía. Horas después compartió el teléfono de contacto de Patricia Gómez Picard, entonces consejera de Salud de Baleares. Koldo le respondió: "Vale cariño, te tengo informada de todo". El resultado de estas gestiones fue la adjudicación de dos contratos del Servicio de Salud de Baleares con Eurofins Megalabs -empresa también ligada a Aldama- para la adquisición de pruebas diagnósticas de Covid por 1,12 millones de euros. La Guardia Civil destacó el hecho de que el gobierno balear volviera a contratar con la trama en agosto cuando los cubre bocas adquiridos meses antes resultaron defectuosos.

Contratos bajo sospecha

La UCO advirtió ya en 2022 de ciertas irregularidades del contrato con la empresa clave del caso Koldo. Así, detectó que recibieron el material "antes de que se formalizara contrato alguno" con Soluciones de Gestión. En concreto, consta que se entregó el 27 de abril, pese a que la tramitación de emergencia con motivo de la crisis sanitaria se solicitó dos días después, tal y como se desprende del documento que desveló LA RAZÓN. Del mismo modo, alertó de que no habían encontrado información alguna o conversaciones previas que justificaran la firma del contrato, por lo que no habían podido conocer las condiciones en las que se fraguó.

La factura aportada incluyó una ficha técnica según la cual las mascarillas FPP2 cumplían los estándares de protección. Sin embargo, la realidad fue diferente, puesto que apenas dos meses después de recibirlas, el Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP) certificó que no cumplían los requisitos para considerarlas FPP2. Pese a ello, Armengol avaló la adquisición de este material asegurando que Soluciones de Gestión había realizado suministros "de manera exitosa" durante el año 2020. Esta recomendación se hizo en agosto de aquel año, mismo mes en que Armengol y Koldo departieron para la firma de un segundo contrato sobre pruebas PCR.

Las acusaciones de Aldama contra Torres

En lo que respecta a Canarias, la UCO también puso en el foco en cuatro contratos del Servicio de Salud Canario por 12,31 millones de euros. La Guardia Civil plasmó en sus informes de que el gobierno de Ángel Víctor Torres habría redactado el contrato 'ad hoc' para dar apariencia de legalidad a esta transacción. Del mismo modo, detectó que no existía documentación alguna que justificara esta transacción y que, al igual que ocurrió con Baleares, parte de la partida remitida desde Asia llegó defectuosa.

Con todo, en el caso de Torres las acusaciones son mayores, ya que Aldama aseguró en sede judicial que Koldo García le pidió 50.000 euros para dárselos en agradecimiento por contratar con la mercantil de la trama. Éste se negó porque, según le dijo al juez, no es "el Banco de España". Además, el empresario confeso expuso que alquiló pisos en el centro de Madrid que habrían disfrutado Torres, Koldo y el exministro Ábalos en compañía de "señoritas". Se trata de acusaciones que el actual ministro ha negado, aunque en el sumario del caso Koldo sí constan mensajes directos entre este asesor ministerial y el entonces presidente canario para cerrar la compra de material sanitario.

Aunque ambos contratos se derivaron a la Fiscalía Europea por haberse financiado con fondos comunitarios, finalmente el Tribunal Supremo resolvió que la competencia para asumir las pesquisas era del órgano que las abrió: la Audiencia Nacional. Así pues, tras recobrar el control de la investigación, el magistrado Ismael Moreno ordenó que se rastreara a fondo la naturaleza de los contratos con los gobiernos de Armengol y de Torres. En caso de hallar indicios de criminalidad en este último, el magistrado tendría que inhibirse en favor del Tribunal Supremo, por tratarse de una persona aforada.