Amnistía

Guardias civiles, dispuestos a "derramar su sangre" en defensa de la Constitución

"Se pretende instaurar la ley del más poderoso. ¿Si nuestros máximos responsables no se someten a los principios fundamentales del Estado de Derecho, cómo se pretende que el ciudadano lo haga?", señala la APROGC

Patrulla de la Guardia Civil
Patrulla de la Guardia CivilEP

“Los guardias civiles queremos seguir cumpliendo y haciendo cumplir la Ley, igual que los jueces y magistrados seguir interpretando y aplicando la Ley y haciendo ejecutar las sentencias (…) la forma de hacerlo está condicionada por nuestro juramento ante la Bandera como militares que somos: estando dispuestos a derramar hasta la última gota de nuestra sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y de su ordenamiento constitucional”

La Asociación pro Guardia Civil (APROGC) ha hecho público un comunicado en el que recuerda que “el artículo 104 de la Constitución encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades públicas y garantizar la seguridad ciudadana”.

“Tras las purgas políticas de al menos seis coroneles y dos tenientes coroneles, con manifiesto desprecio de la legalidad y la tradición, los guardias civiles no podemos decir que la prosperidad de la arbitrariedad como forma de gobierno sea una sorpresa. Así, se impuso el silencio hace tres años, como en otras instituciones antes o después ha ido sucediendo, infundiendo miedo a hablar en la Guardia Civil. Aunque, todo sea dicho, el fin principal de sus promotores era más bien distraer nuestra actuación precisamente del interés general y el servicio al ciudadano”, subrayan.

Sin embargo, los guardias civiles consideramos ineludible expresarnos en estas líneas, ante lo que se anuncia. Observamos el pacto publicitado con profunda preocupación. Consideramos que pretende vaciar de contenido la misión constitucional que tenemos encomendada las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, especialmente la policía judicial. ¿De qué ha valido tanto sacrificio durante décadas en cumplimiento de nuestra misión constitucional si, al final nuestros jefes políticos traicionan toda la sangre derramada y todo el esfuerzo realizado por los guardias civiles, por los policías y por los jueces y fiscales en los últimos 40 años? ¿Cómo vamos a creer en que deberemos y podremos hacer cumplir la ley ante este mensaje de impunidad y fomento de la desatención de las normas?”.

“La Ley es igual para todos, mantiene el orden y permite a la ciudadanía residir en paz y en libertad, sin temor a sufrir desigualdad. Sin embargo, se pretende instaurar la ley del más poderoso. ¿Si nuestros máximos responsables no se someten a los principios fundamentales del Estado de Derecho, cómo se pretende que el ciudadano lo haga?”.

Recuerdan “que la historia evidenció hace 46 años que la amnistía a condenados por terrorismo no hizo más que reafirmar su vocación y aumentó el número de atentados. Los antecedentes en ciencia policial no animan precisamente a descartar una nueva crisis de convivencia y quiebra del Código Penal en todas sus posibilidades en Cataluña. Como siempre, los guardias civiles seguiremos siendo fieles a la Constitución y seguiremos cumpliendo, por encima de cualquier otra prescripción tintada que podamos recibir, los mandatos que recibamos de los jueces y tribunales, como se nos exige legalmente y por la ciudadanía. Sobre cualquier otra instrucción, prevalecerá siempre el cumplimiento de los mandamientos y las resoluciones judiciales. En este orden, contemplamos con fe y optimismo la defensa del Estado de Derecho exteriorizada por los representantes de la carrera judicial, como barrera frente a inspiraciones totalitaristas. Hay una responsabilidad histórica que alcanza de lleno a altas instituciones del Estado y, especialmente, a nuestro Tribunal Supremo. Quienes tenemos los instrumentos para ejercer el monopolio de la fuerza entendemos que solo la Administración de Justicia tiene legitimidad constitucional y capacidad material para velar en este momento porque los principios superiores de nuestro ordenamiento jurídico recogidos en el artículo 9 de la Constitución no se conviertan en papel mojado".