Cataluña

Guardias civiles piden a Unicef que proteja a sus hijos en Cataluña

Aprogc denuncia la situación de acoso de los menores en los colegios

Pintada a favor de la Guardia Civil en un instituto catalán
Pintada a favor de la Guardia Civil en un instituto catalánlarazon

La Asociación Pro Guardia Civil ha remitido cartas a los comités español y catalán de Unicef para denunciar las situaciones de acoso a las que son sometidos los hijos de los agentes

La Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc) ha remitido cartas a los comités español y catalán de Unicef para denunciar las situaciones de acoso a las que son sometidos los hijos de los agentes en Cataluña tras el 1-O y pedir su protección.

La asociación considera que los organismo e instituciones públicas que deberían defender a la infancia, no lo están haciendo en Cataluña y, por ello, piden que Unicef se pronuncie públicamente en su defensa. En sendas cartas, Aprog ha puesto de manifiesto la situación de los menores sometidos a acosos y humillaciones en los centros de enseñanza, no sólo en los recientes casos conocidos en un colegio de esa Comunidad, sino durante todo el proceso radical de independentismo, con escraches y pintadas, solo por su condición de ser hijos de guardias civiles.

Por otra parte, la asociación ha explicado que en España hay diez personas públicas y famosas que figuran como embajadores de UNICEF, a los que se dirigirán a través de las redes sociales para que también se expresen públicamente en defensa de hijos de guardias civiles que viven en Cataluña.

Por último, Aprog reprocha la actitud "lamentable y ruin"de varias entidades que se han puesto del lado de los acosadores, "olvidándose de los derechos de los niños, quienes deben ser objeto de la más absoluta

protección".

"En este país es obligatorio proteger la imagen de cualquier menor tapando sus rostros cuando aparecen en fotografías o imágenes publicadas, sin embargo se consiente que se les ofenda, se les amenace, se le persiga, se les discrimine por su condición o nacimiento, algo que está prohibido en nuestra Constitución. ¿Quién los protege?, denuncia Aprog.