Polémica
Guardias civiles bajo el yugo del Código Penal Militar: "Es un arma represora, propia de otro tiempo"
Exigen una reforma legislativa que elimine la aplicación de este régimen disciplinario militar sobre los agentes y acabe con las sanciones desproporcionadas
"El Código Penal Militar establece sanciones desproporcionadas y limitaciones que vulneran los derechos fundamentales de los guardias civiles". Alto y claro, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) denuncia lo que ellos definen como una "anomalía" en el Estado de Derecho. Porque, a pesar de que el 99% de las funciones de los agentes ya están lejos del ámbito castrense, se les sigue aplicando un régimen disciplinario militar.
Tal es la situación que los juzgados militares albergan más casos de la Guardia Civil que de las tres ramas de las Fuerzas Armadas (Ejército de Tierra, Ejército del Aire y Armada). En concreto, el 81% de los procedimientos contencioso-disciplinarios, según los últimos datos anuales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de 2022. Y de estos, en torno al 59% fueron desestimados mediante sentencia. De ahí que desde la asociación adviertan de que "el Código Penal Militar se está empleando como herramienta laboral represora de los trabajadores".
A su juicio, el Instituto Armado ya cuenta con un régimen disciplinario muy severo, por lo que exigen una reforma legislativa que elimine la aplicación del Código Penal Militar sobre los guardias civiles. ¿El objetivo? Que los agentes "puedan ejercer sus funciones con dignidad, sin temor a represalias desproporcionadas y propias de otro tiempo". Exigen que su trabajo se regule bajo el Código Penal Ordinario, como ocurre con el resto de Policías del Estado y dejen de aplicarles una normativa pensada para situaciones de ámbito militar y en contexto de guerra.
Las excepciones
En definitiva, solicitan la supresión del artículo 1.5, que establece que "el Código Penal Militar se aplicará a los miembros de la Guardia Civil y a los alumnos pertenecientes a la enseñanza de formación de dicho cuerpo cuando se trate de acciones u omisiones constitutivas de delito militar". Y, en su lugar, piden que se aplique estrictamente en los siguientes supuestos:
- En tiempo de conflicto armado
- Durante la vigencia del Estado de Sitio
- En el cumplimiento de las misiones de carácter militar que se les encomienden
- Mientras se encuentren integrados en Unidades de las Fuerzas Armadas
Polémica reforma en 2015
El 15 de enero de 2016 entró en vigor el nuevo Código Penal Militar, aprobado en octubre de 2015 de forma apresurada y con un Gobierno en funciones, el del PP de Mariano Rajoy, que usó su mayoría absoluta para sacar contrarrestar los votos en contra de la oposición. Ya entonces la Asociación Unificada de la Guardia Civil denunció que el objetivo de esta norma era "callar la voz de los guardias civiles, restringir su derecho de libertad de expresión y dificultar el trabajo de las asociaciones profesionales". Porque a su juicio, el objetivo buscado no era otro que la "remilitarización".
A la "falta de transparencia", se unía la "indefensión", ya que la simple manifestación de un mando sirve para condenar a un guardia civil "con la excusa de salvaguardar la disciplina". Desde la AUGC también denunciaron que la formación de Tribunales Militares, en una especialidad que ni siquiera es impartida en las Universidades, pues el Derecho Penal Militar no forma parte de las asignaturas dadas entre alumnos de las facultades de derecho.
Y en este punto surgían un sinfín de interrogantes: ¿Es acertado que pueda aplicarse una norma concebida por militares y para militares a ciudadanos civiles? ¿No se puede mantener la disciplina sin esta norma? ¿A que obedece que recoja delitos que ya se encuentran en el Código Penal ordinario? ¿Es necesario dotar al director general de la Guardia Civil de autoridad militar, a pesar de ser civil? ¿Cómo se mide la dignidad de la Guardia Civil?... ambigüedades insalvables, que a juicio de la asociación, crean una inseguridad jurídica y un desconocimiento entre los propios mandos a la hora de aplicarlo.
En conclusión, la entrada en vigor de esta norma suponía cerrar el "círculo de una remilitarización de la Guardia Civil planeada y planificada desde el bunker de la mismísima Dirección General de la Guardia Civil", con el único objetivo de contrarrestar los avances ya conseguidos.
✕
Accede a tu cuenta para comentar