Hacia una Justicia más ágil y de calidad

La transformación de la Administración de Justicia, como parte esencial de la agenda de reformas estructurales promovida por el presidente Rajoy, ha sido y es un objetivo presente durante toda la Legislatura. Fruto de ese afán renovador que impregna toda acción de este Gobierno, después del estudio y debate público de distintas propuestas normativas, se están ultimando varios proyectos para su definitiva tramitación parlamentaria. Lo hemos hecho en un clima de diálogo y cercanía a las distintas profesiones jurídicas, tendiendo la mano a sindicatos y partidos políticos y con la vista siempre puesta en el interés del ciudadano.

Como consecuencia de ese empeño, por ejemplo, se ha podido aprobar con un amplio respaldo en el Congreso el Estatuto de la Víctima del delito, materializando así el compromiso del Gobierno con quienes padecen las consecuencias de una acción criminal. Otro resultado de esta vocación de consenso es el proyecto de ley que concede la nacionalidad española a los sefardíes que acrediten una especial vinculación con España, en lo que supone un emocionante reencuentro con una parte de nuestra propia identidad histórica. Igualmente trascendente ha sido la aprobación en Consejo de Ministros de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permitirá agilizar las grandes causas por corrupción, y el endurecimiento del Código Penal en lo referente a estas conductas, tipificando nuevas figuras y alejando el horizonte de la prescripción para los corruptos.

En este balance, cuando ya han transcurrido tres cuartos de Legislatura, también debemos incluir la labor de transformación de nuestro modelo de Justicia, que va a intensificarse en los próximos meses, cuando se materialicen propuestas en las que ya se está trabajando. Una es que jueces y magistrados puedan dedicarse en exclusiva a funciones jurisdiccionales, liberándoles de otras tareas que pueden ser desempeñadas por otros profesionales jurídicos. En este sentido, la ley de Jurisdicción Voluntaria y la reforma del Registro Civil, con medidas como la inscripción de nacimientos desde el hospital, serán pasos decisivos.

Por su parte, en el ámbito de la gestión, el Ministerio de Justicia retomó con fuerza la implantación de la Oficina Judicial, que ahora se extenderá por toda España, y se ha consolidado la plantilla judicial con la creación de 282 plazas de jueces, la mayor en los últimos 25 años.

Gracias al trabajo realizado, durante el próximo año continuarán poniéndose en marcha otras novedades cuyo trámite ya está muy avanzado, como es la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permitirá instaurar nuevos sistemas de reparto de la carga de trabajo en los juzgados. Además, comenzaremos a implantar soluciones para acercar la Justicia a los ciudadanos, aprovechando herramientas tecnológicas que forman parte de nuestro día a día, como mensajería instantánea a dispositivos móviles de operadores jurídicos y ciudadanos. Todo ello nos hará avanzar hacia una Justicia más ágil, accesible y de calidad, una Justicia del siglo XXI digital, abierta e innovadora.