Hacienda descarta que la Infanta haya cometido un delito fiscal

La Agencia Tributaria no ve motivos para acusar a la Infanta Cristina de fraude fiscal en el «caso Nóos». Hacienda está ultimando el informe definitivo que espera el juez José Castro para tomar una decisión al respecto, pero según las fuentes consultadas el análisis de las últimas diez declaraciones de la Renta de la hija del Rey descarta cualquier irregularidad tributaria y achaca a Iñaki Urdangarín los posibles delitos fiscales cometidos a través de Aizóon, la empresa que comparten al 50 por ciento, y de la que se habría servido el duque de Palma, según el informe provisional que los técnicos presentaron al juzgado el pasado enero, para defraudar al fisco desgravándose a través de esta sociedad sus ingresos como asesor de diversas empresas privadas. Así, Hacienda cree que Doña Cristina tributó correctamente todos sus ingresos, tanto los percibidos por su trabajo en la Fundación La Caixa como el dinero que recibía de la Casa Real en concepto de gastos de representación.

El dictamen de Hacienda sitúa en una difícil tesitura al juez Castro, quien llegó a citar a la Infanta como imputada, aunque después dejó en suspenso esa comparecencia tras recurrir la decisión el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach ante la Audiencia Provincial. Esta última descartó finalmente que la Infanta cometiese un delito de tráfico de influencias al formar parte del Instituto Nóos, pero dejó la puerta abierta a un hipotético delito fiscal por lo que instó al magistrado a pedir a Hacienda un informe complementario. En realidad, los técnicos de la Delegación de la Agencia Tributaria seguían haciendo su trabajo, ahora a punto de culminar. Descartado también un posible delito fiscal por Hacienda, si Castro decidiese imputar a la Infanta lo haría en contra tanto de la Fiscalía Anticorrupción como de la Abogacía del Estado y la Agencia Tributaria, pues sólo el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, respalda esa medida, una posibilidad que se antoja altamento imrprobable.

No obstante, según confirmaron ayer fuentes próximas al juez Castro, ese informe aún no ha llegado a los juzgados de Palma de Mallorca y el magistrado desconoce su contenido. Del mismo modo, recuerdan que el instructor ni siquiera ha solicitado a Hacienda un informe específico sobre la Infanta, consciente de que la Agencia Tributaria entregó el pasado enero, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, únicamente un informe provisional a la vista de que esos posibles delitos fiscales contra la Infanta prescriben a finales del próximo junio si antes el juez no se los imputa formalmente. Castro, en consecuencia, está simplemente a la espera de que Hacienda le entregue el informe definitivo para evaluar si hay indicios o no contra la hija del Rey desde el punto de vista tributario, algo que ahora descarta la Agencia Tributaria.

Hacienda veía en ese informe provisional indicios racionales de la comisión de un delito contra la Hacienda Pública por parte del Instituto Nóos en el Impuesto de Sociedades de 2007 (achacable a Urdangarín y su entonces socio, Diego Torres) y otros dos por parte del yerno del Rey en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas de los ejercicicios 2007 y 2008 (las anteriores declaraciones no han sido objeto de análisis porque esos hechos ya están prescritos).

Según la Fiscalía Anticorrupción, Urdangarín se habría deducido una serie de «gastos ficticios» del Impuesto de Sociedades de 2007 eludiendo «como mínimo una cuota de 230.979,29 euros» (el límite del delito fiscal se sitúa en 120.000 euros de cuota). Esa cantidad podría incluso ser superior, dada la existencia de más gastos deducidos «que responden al mismo patrón» y que se corresponderían con «supuestos servicios prestados» por cuatro empresas del entramado (De Goes Center, Noos Consultoría Estratégica, Lobby de Comunicación S. L. y Torres-Tejeiro Consultoría Estratégica S. L.).

En cuanto a Urdangarín, el informe provisional de Hacienda sostiene que habría facturado, en 2007 y 2008, retribuciones procedentes de empresas privadas de las que era consejero utilizando supuestamente la empresa como «sociedad pantalla» para ocultar el verdadero perceptor de los ingresos y «disminuir su tributación en el IRPF, deduciéndose gastos no relacionados con la actividad y aplicándose un tipo impositivo inferior». Pero tanto Hacienda como Anticorrupción dejaban muy claro que los ingresos de Aizoon en esos dos ejercicios procedentes de Motorpress Iberica, Aceros Bergara, Mixta África, Pernod Ricard, Havas Sports France y Seeliger Conde (de las que el duque de Palma era consejero o asesor) deben imputarse únicamente a Urdangarín y no a la Infanta.