Tras el hallazgo de «los siete de Pajares de Adaja», las exhumaciones cambian de ubicación en el Valle de los Caídos

El horizonte de medidas pendientes del Gobierno de coalición ahora en funciones puede despejarse si sale adelante la alianza «Frankenstein» de Pedro Sánchez y sus socios independentistas y abertzales. Es el caso de la Ley de Memoria Democrática que Alberto Núñez Feijóo dijo que iba a derogar si salía elegido y que, en vista del resultado del 23J, puede no haber llegado a su final.

En este punto entran en juego varios objetivos, algunos activos y otros paralizados a la espera de lo que suceda en los próximos meses, puesto que no es descartable que haya una nueva cita con las urnas a finales de diciembre. Es el caso de la ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), que está en marcha después de que el Ejecutivo se sirviera de un decreto ley para modificar la Ley de Fundaciones con un nuevo artículo que contempla la extinción judicial a instancia del Protectorado de Fundaciones. Si las modificaciones que ha presentado la Fundación Franco no pasan el filtro, podría tener sus días contados en el plazo de medio año. En cualquier caso, fuentes de la FNFF son conscientes de que Pedro Sánchez volverá a «mover ficha cuando le interese» con «el comodín Franco», bien en otra campaña electoral si hay nuevos comicios o si pudiera volver a reeditar la coalición.

Otra medida parcialmente acometida pero muy lejos de su desarrollo es la resignificación del Valle de los Caídos, que pasa por la desacralización de la Basílica de la Santa Cruz y la salida de la comunidad benedictina, extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos –creada en agosto de 1957– «por resultar incompatibles sus fines con los principios y valores constitucionales». Según se detalla en el artículo 54, la extinción tendrá efecto cuando entre en vigor el real decreto que establecerá el «nuevo marco jurídico aplicable al Valle de Cuelgamuros».

La intención del Ejecutivo es que el Valle de los Caídos sea considerado «un lugar de memoria democrática» cuyo cambio de significado irá enfocado a dar a conocer «las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado», expone la norma, que prohíbe los actos de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura. Ya está en marcha una web que recoge su nuevo estatus.

Lo que sí continúa adelante en Cuelgamuros –como fue rebautizado– es la tarea de exhumaciones de familias de republicanos que comenzaron el pasado 12 de junio, después de seis meses de preparativos. Una operación que surgió de la petición de la familia Lapeña, pionera en 2016 con una sentencia judicial a cuyos efectos se han sumado otras 128, agrupadas en la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos, a quienes representa Silvia Navarro, cuya meta es encontrar los restos de su tío abuelo «Pepe» –José Antonio Marco Viedma– para ser devueltos a Calatayud, donde fue fusilado el 2 de septiembre de 1936.

En los osarios de la basílica de Cuelgamuros hay enterradas al menos 33.847 víctimas de la Guerra Civil. En un informe emitido en 2018, el comité científico-técnico del Consejo Médico Forense concluyó que la mezcla de restos óseos y el deterioro por el tiempo transcurrido convierten la identificación genética de los restos cadavéricos en una tarea de «extrema dificultad», por lo que está previsto que, de resultar técnicamente imposible la exhumación, se adopten medidas que permitan una reparación «de carácter simbólico y moral». No ha sido el caso del memorialista Fausto Canales, a quien el pasado 5 de julio Patrimonio Nacional comunicó que habían identificado a su padre, Valerico Canales, fusilado por falangistas en Pajares de Adaja (Ávila). Otras tres víctimas que cayeron con él –Emilio Caro, Román González y Flora Labajos– también fueron recuperadas, y los forenses tratan de identificar a tres más en la misma caja, la 198: Celestino Puebla, Pedro Ángel Sanz y Víctor Blázquez del Oso.

Pese a este avance, fuentes de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC), aseguran que esa zona de la capilla del Sepulcro –en los niveles 1, 2, 3 y 4– donde se buscaban 59 cuerpos, ha sido abandonada para seguir tarea en la del Santísimo, lo que podría significar que no ha habido más hallazgos allí.

Sobre las dificultades y las dudas del proceso ha advertido en varias ocasiones la ADVC, que representa a las familias que se oponen a que se intervenga en el Valle de los Caídos en perjuicio de los restos de sus ancestros, aunque las mismas fuentes tienen constancia de que están siendo «muy cuidadosos con las cajas donde saben que están los nuestros; nos están teniendo muy en cuenta».

En la zona donde estarían los Lapeña, como en otros osarios, hay partes mejor conservadas, según un estudio de 2019 del Instituto Eduardo Torroja del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), pero los de posiciones inferiores han sufrido una humedad de décadas. La ADVC considera que se trata de una tarea «difícil», aparte de que «solo hay permiso judicial para buscar a los hermanos Lapeña; el resto sería una profanación». Y ya advirtió del «encargo» de las familias que sienten vulnerados sus derechos de que ejercerán «cuantas acciones civiles y/o penales les puedan corresponder por la manipulación sin su conocimiento y autorización expresa». En este sentido, su intención es exigir pruebas de ADN de los restos para tener la certeza de que no ha habido errores.

Tanto una parte como la otra aguardaban con recelo el resultado del 23 de julio. Navarro, ante la posibilidad de «un cambio de gobierno» a favor del PP, mientras que desde la ADVC decían esperar «cualquier cosa», incluso con un Ejecutivo de PP y Vox.

En el mismo capítulo de exhumaciones, aunque a otro nivel, ya fueron retirados de la basílica de la Macarena en Sevilla los restos del general Gonzalo Queipo de Llano y del auditor de guerra Francisco Bohórquez, una vez la hermandad de la Macarena recibiera el requerimiento del Gobierno en el que instaba a cumplir con la Ley de Memoria Democrática, que prohíbe ese tipo de sepulcros en lugares destacados de libre acceso.

Por esta misma disposición, estaba por decidir el destino del general José Moscardó y el del teniente general Jaime Milans del Bosch, inhumados en el Alcázar de Toledo junto a otros 200 cuerpos. Son parte de las casi 2.000 personas que permanecieron encerradas y asediadas en 1936 en el interior de la fortaleza durante 68 días, hasta que las tropas sublevadas entraron en la ciudad en una de las gestas más simbólicas de la Guerra Civil, cuyo desenlace aceleró Franco antes de enfilar camino de Madrid.

Moscardó era entonces coronel y máxima autoridad militar en Toledo como director de la Escuela Central de Gimnasia, y Milans del Bosch era solo un militar de 21 años. Su papel posterior sí fue determinante en 1981 al sumarse desde Valencia al intento de golpe de Estado de Tejero.

Quien debe tomar una decisión es el Ministerio de Defensa, actual responsable de la gestión del Alcázar, sede del Museo del Ejército de Tierra. La Ley de Memoria establece que los restos mortales de «dirigentes» del golpe militar de 1936 no podrán permanecer inhumados «en un lugar preeminente de acceso público» que pueda favorecer «la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra o la Dictadura». Sin embargo, la cripta del Alcázar se encuentra cerrada al público y no entra dentro del recorrido del Museo del Ejército.