Hasta 40.000 concejales no tendrán derecho a cobrar sueldo

MADRID- El Gobierno y el PP siguen avanzando en la reforma local que se prevé que el Consejo de Ministros apruebe en este mes de enero. Entre las incorporaciones que se continúan añadiendo al proyecto hay importantes novedades para la estructura municipal en cuestiones clave de modelo y también en otras de carga más simbólica. Fuentes solventes adelantaron a este periódico que entre los cambios sobre el informe que estudió el Consejo de Ministros en julio destaca la decisión de fijar por ley el número de concejales que en cada ayuntamiento tendrá derecho a cobrar un sueldo por dedicación exclusiva a la corporación.

Ya hay muchos concejales que cumplen con sus funciones sin recibir ninguna compensación económica a cambio, pero es una decisión del municipio en sí, sin que haya ninguna obligación legal al respecto. Esto deja un gran margen para que haya notables diferencias y desagravios entre unas corporaciones y otras al depender de una decisión política y, por tanto, tener un importante componente arbitrario. En la nueva ley se tasará el número de concejales con derecho a sueldo de cada ayuntamiento en función de la población. Con lo que no habrá margen para que en cada municipio decidan autónomamente al respecto. Desde el Gobierno señalan que en el actual marco es difícil estimar con exactitud el número total de concejales sin sueldo. Pero sí anticipan que la reforma en proceso implicará que hasta 40.000 (la cifra final puede ser superior), de un total de unos 60.000, se quedarán sin sueldo fijo al final de mes. Sus asignaciones quedarán limitadas a las dietas y a la presencia en los Plenos municipales. Las fuentes consultadas subrayan que este cambio hay que añadirlo al recorte de unos 10.000 concejales y a otros ajustes como el tope de sueldo para los alcaldes, que en ningún caso podrá exceder el de un secretario de Estado.

La negociación con el PSOE ha encallado, lo que no quiere decir que esté rota, pero sí en «estado de pausa». El motivo es la reunión del Comité Federal que se celebra este sábado en Madrid. Pese a las semanas de negociación entre populares y socialistas, en el Gobierno no se atreven a anticipar cuál va a ser la posición final del PSOE. Las señales han sido «ambiguas» y «en algunos casos contradictorias», y aunque desde el lado popular reconocen que han percibido voluntad de pacto en un sector socialista, la decisión depende de Ferraz. En el Gobierno están convencidos de que serán determinantes las cuestiones internas de la «nave» socialista.

En el proyecto de ley que se negocia hay materias que todavía están pendientes de ser atadas. Es el caso, por ejemplo, del deseo del Ejecutivo de recuperar el carácter de cuerpo nacional de los interventores y secretarios municipales. La injerencia de las comunidades ha desvirtuado el sentido inicial de estos funcionarios y el Ejecutivo cree que sería positivo reforzar sus atribuciones como Cuerpo del Estado y su relación con Hacienda. Una reforma en profundidad de la Administración Local exige racionalizar su estructura organizativa de acuerdo con los principios de eficiencia y equilibrio financiero; clarificar las competencias para evitar duplicidades con las comunidades y clarificar las llamadas competencias impropias; y fortalecer también la figura del interventor local para dotarlo de más imparcialidad y garantizar así un control financiero y presupuestario más riguroso de las administraciones locales, según el Gobierno. Los ayuntamientos que no cumplan con la estabilidad perderán su autonomía.