Hay Derecho lleva 101 mil firmas contra la amnistía al Congreso: el "verificador" debe ser el Parlamento

La Fundación Hay Derecho ha presentado 101 mil firmas de ciudadanos en contra de la ley de amnistía. El listado se ha registrado en el Congreso de los Diputados para expresar la opinión contraria de la sociedad civil a la urgencia con la que se está tramitando esta norma y solicitan que haya "un debate amplio, participativo y lo más democrático posible". Allí han adjuntado una carta dirigida a la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, para expresarle su preocupación por la manera como se está desarrollando la tramitación, que puede afectar al Estado de derecho y a la igualdad ante la ley.

Las directora general de la organización, Safira Cantos, ha explicado a LA RAZÓN que se necesita un debate más amplio con la participación de expertos en la materia para que comparezcan en las comisiones parlamentarias y que den a conocer las implicaciones de la ley de amnistía. "Una norma tan excepcional como es una la ley de amnistía debe poder debatirse y no tramitarse con urgencia", señala.

Sobre las reuniones entre representantes del PSOE y Junts en Ginebra para verificar los avances de los pactos para la investidura de Pedro Sánchez, Cantos recalca que este no es el ámbito en el que se tiene que producir la discusión sobre una norma como la que aprobará la medida de gracia. "Se están celebrando negociaciones con opacidad, pero el auténtico lugar de verificación de la ley es el Parlamento, donde el debate se debe producir con más transparencia", ha explicado.

El objetivo de presentar las firmas que han recabado entre la ciudadanía es expresar la existencia de una "voz cívica crítica" frente a la proposición de ley que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, por iniciativa del PSOE.

Las Fundación Hay Derecho fue la organización que recurrió ante el Tribunal Supremo el nombramiento de Magdalena Valerio al frente del Consejo de Estado, por no cumplir con los dos requisitos que recoge la ley. La semana pasada se conocía la decisión del alto tribunal de anular su designación en este cargo por considerar que, aunque tenía una amplia trayectoria política que le permitía conocer los asuntos de Estado, no se le podía catalogar como una jurista de prestigio.