Hazte Oír solicita la imputación en "Koldo" del exjefe de Puertos por sus "contradicciones"

Una de las acusaciones populares perdonadas en el "caso Koldo", Hazte Oír, ha dirigido a la Audiencia Nacional (AN) la solicitud de que el presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo Lobo, pase de testigo a investigado en la causa.

El letrado representante de la asociación, Javier María Pérez-Roldán, justifica la petición de la imputación de este antiguo alto cargo de la entidad dependiente del Ministerio de Transportes al entender que de la declaración que prestó el pasado miércoles ante el magistrado instructor, Ismael Moreno, se extraen "claras y manifiestas contradicciones que deben ser analizadas".

Desde Hazte Oír señalan también que Lobo era como jefe de Puertos del Estado "máximo responsable" de las adjudicaciones que se hicieron, incluyendo, por tanto, la que se concedió a la empresa de la supuesta trama de comisiones ilegales por valor de 20 millones de dinero público para hacerse con ocho millones de mascarillas.

Además de que él mismo durante su interrogatorio como testigo se señaló como garante y "responsable de la legalidad" en las actuaciones del ente que dirigía en el momento de la contratación.

Para esta acusación resulta clave para la investigación de las presuntas "mordidas" que ninguno de los altos cargos que declararon el pasado viernes fueran capaces de explicar de manera clara cómo fue el sistema de pago que se siguió para abonar a la mercantil de la presunta trama, Soluciones de Gestión, el precio acordado por las mascarillas adquiridas.

Y, precisamente, como entienden que "todas las explicaciones que dan al respecto parecen quedar al margen de la legalidad", han solicitado el cambio de consideración procesal de Lobo para que deje de ser testigo de los hechos investigados y se convierta imputado dadas sus supuestas responsabilidades en los contratos públicos bajo sospecha.

Su número dos le señala como el que optó por seguir con el contrato

Álvaro Sánchez Manzanares, secretario general de Puertos en aquel momento, explicó en su declaración como imputado que fue Toledo Lobo quien tomó la decisión de continuar con la contratación a Soluciones de Gestión, pese a que podía haberla suspendido, tras las reticencias que su equipo le planteó y después de que el plan de vuelo acordado para el transporte de las mascarillas no se ejecutase como había sido acordado.

En este sentido, Sánchez Manzanares, que era su número dos en Puertos, señaló que fue Lobo el que consideró que era inviable el transporte de las mascarillas con medios públicos y decidió contratar para ello a la empresa Raminatrans.

Entre las contradicciones que pone de relieve Hazte Oír ante el juez del "caso Koldo", destaca el hecho de que el expresidente de Puertos aseguró que había mantenido contactos con el equipo jurídico del ente cada vez que surgían problemas con la adjudicación. Un extremo que dos miembros del departamento legal han negado en su interrogatorio como testigos al haber afirmado que Lobo no les traslado ninguna consulta. Teniendo, además, en cuenta que una de estas empleadas expresó que "el órgano de contratación es el presidente de Puertos del Estado".

Otro parte de las explicaciones dadas por Lobo en sede judicial que esta acusación considera que presentan "serias dudas" es que "no ha logrado aclarar porqué" se escogió a la empresa de la supuesta trama de "mordidas" cuando había sobre la mesa otra oferta para la adquisición del material sanitario, de cuantía mucho menor –las ofrecían por menos de 11 millones de euros, cuando a Soluciones se pagó 20–.

Y ante la dificultad para el cumplimiento del acuerdo que mostró la empresa investigada, habiendo sido precio modificar el plazo de entrega en un contrato que era de emergencia por la inmediata necesidad que existía de hacerse con las mascarillas.

El pago por adelantado

Hazte Oír pone el foco en su escrito en el pago por adelanto de la mitad de los 20 millones de euros que se realizó a Soluciones, antes de que las mascarillas llegasen a manos de Puertos del Estado. Consideran que "no queda acreditada la razón por la que se realizó" de forma anticipada "ni el exacto procedimiento por el que se rigió" este abono previo de los servicios.

Lo vinculan con las dudas sobre la solvencia económica y técnica de Soluciones que, recogen, mostraron trabajadores de Puertos intervinieres en la adjudicación que llegaron a calificar a la sociedad de "empresa enana", llegando a decir una de ellas en un correo que "solo espero no acabar en el Manzanares con una losa de hormigón en los pies".

En este sentido, recuerda la asociación perdonada en la causa que los pagos anticipados no pueden tener "por finalidad dar al contratista de financiación para realizar el objeto del contrato", algo que sospechan que así se hizo teniendo en cuenta que la empresa de la presunta trama de comisiones no tuvo actividad durante el año anterior a la firma del contrato.

Por tanto, sostienen, hacerse con estos 10 millones de dinero público habría proporcionado a Soluciones la "capacidad económica" en una "financiación indirecta por parte de la Administración" para que pudiese realizar los posteriores encargos de otras administraciones públicas, entre ellas el Ministerio del Interior y los Gobiernos canario y balear, para la suministración de mascarillas.

Destacan, asimismo, las "respuestas evasivas" tanto de Manzanares como de las otras dos trabajadoras del departamento jurídico al ser preguntadas por las razones y justificaciones de este pago por adelantado en el que Hazte Oír ve claras irregularidades al no haber tampoco ningún documento en el expediente que acredite la necesidad de hacerlo.

Expone la acusación, que encabeza el letrado Pérez-Roldán, que la empresa del "caso Koldo" "no tenía capacidad económica" para comprar esos ocho millones de mascarillas en China o hacer frente al gasto de su traslado hasta España.

Solicitan, por ello, al magistrado de la AN que ordene como diligencia que se requiera a la oficina del Banco Sabadell en que se realizó el ingreso e información sobre si en fechas próximas se realizó algún préstamo a la adjudicataria, Soluciones de Gestión, avalado con los 10 millones que le pagó anticipadamente Puertos.