"Caso Koldo"
El hermano de Koldo atribuye su incremento patrimonial a su "capacidad de ahorro"
Joseba García insiste al juez que antes de la adjudicación a la empresa de la supuesta trama, ya disfrutaba de una "situación acomodada"
Joseba García, hermano de Koldo García, ex asesor del exministro José Luis Ábalos, a quien el Tribunal Supremo investigará por cuatro delitos, niega que su incremento patrimonial responda "a una actuación común de la familia para ocultar" las supuestas mordidas que habría recibido su hermano de la trama a cambio de que Soluciones de Gestión resultase adjudicataria de varios contratos públicos para la adquisición de mascarillas en pandemia por un valor total de más de 53 millones de euros. Así lo pone de relieve su defensa en un escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que tras la decisión del Supremo retiene por ahora todo el "caso Koldo" a excepción de lo relativo a Ábalos.
Para Joseba García, la interpretación que hace la UCO de su aumento patrimonial -la Guardia Civil constató que su familia multiplicó por 22 sus ingresos en efectivo el año de las adjudicaciones, pasando de 5.960 euros en 2019 a 130.652 euros en 2020- es "arbitraria" y se ha realizado de forma "selectiva" focalizándose únicamente en determinados "movimientos patrimoniales" que, insiste su defensa, están justificados en "operaciones declaradas ante los organismos correspondientes sin ningún ánimo de ocultación".
Lejos de resultar "sospechoso" e "inusitado", esos cambios en su patrimonio -argumenta su letrado- "son los que experimentaría cualquier persona que pasara por la misma situación" que él - que mi patrocinado. Todo ese patrimonio, recalca, se corresponde con su sueldo legítimamente obtenido mediante su trabajo", las indemnizaciones por un accidente laboral, el divorcio de quien fuera su esposa entre finales de 2020 y principios de 2021 y "operaciones de compraventa de inmuebles anteriores a los hechos objetos de investigación", y de otros que se hicieron "mediante la correspondiente hipoteca". Todo, reitera, "declarado ante la Agencia Tributaria" y plasmado en operaciones que "se han hecho mediante transferencia bancaria, sin ningún ánimo de ocultación".
La abogada del hermano de Koldo hace hincapié en que Joseba García "ha tenido rentas altas desde antes de que ocurriera la pandemia y por tanto, anteriores al periodo investigado, además de haber cobrado indemnizaciones por accidentes laborales, a lo que se suma la recepción de una pensión a causa de una minusvalía que, si bien no le impide trabajar, sí que se la limita, dando lugar a la recepción de dicha pensión".
Joseba García -que fue contratado por organismos dependientes del Ministerio de Transportes como Ineco (Ingeniería y Economía del Transporte) y Emfesa, la empresa estatal de Enajenación Material Ferroviario- señala que entre 2019 a 2022 obtuvo retribuciones "de más de 50.000 euros al año", además de percibir "una pensión por incapacidad de algo más de 20.000 euros". En 2020, además, recibió una indemnización, "lo cual hizo que los ingresos ese año se elevasen aún más".
De hecho, destaca que esa "capacidad de ahorro" acarreó que "su posibilidad de realizar operaciones inmobiliarias no se pusiera en duda por ninguna de las entidades bancarias a las que solicitó préstamos hipotecarios para comprar sus inmuebles".
Antes de 2020, fecha de las adjudicaciones investigadas, asegura que ya poseía "varios inmuebles en propiedad", por lo que con anterioridad a esa fecha "tenía una situación acomodada que le permitía, con sus correspondientes ahorros" realizar esas compraventas.
En cuanto a la vivienda en Polop (Alicante), defiende que la adquirió con una hipoteca de 191.250 euros, por lo que "el verdadero incremento patrimonial es únicamente de 33.750€, muy lejos de lo maliciosamente reflejado" por la Unidad Central Operativa (UCO). Por tanto, subraya, "no es cierto que a raíz de unos ingresos sospechosos mi representado obtuviera la solvencia necesaria para adquirir a finales de 2020 una vivienda por 225.000 euros".
En relación a su vivienda en Benidorm, dice que la adquirió tras su divorcio, cuando su exmujer "le compró la que fuera vivienda familiar por importe de 112.000, los cuales fueron reinvertidos" de esta manera. No obstante, explica que tuvo que pedir un préstamo del 82% del importe del piso.
En cuanto a los vehículos propiedad de su familia, niega que fuesen propietarios "de una especie de flota" que, como puso de relieve la UCO, pasó de tener un valor de mercado de 920 euros a 63.186. La mayoría, afirma, "son de segunda mano, y además con varios años de matriculación".
Para comprarse la motocicleta Harley, "el único vehículo nuevo que se imputa a mi representado", su defensa explica que se realizó "gracias a la venta de, por un lado, un inmueble adquirido con anterioridad a los presentes autos ubicado en Tudelilla, y por otro, a la venta de otra motocicleta adquirida con anterioridad". Finalmente, defiende que adquirió un Mercedes mediante un préstamo de 20.000 euros del Banco Santander.
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