«Hombres de negro» para controlar a los cargos públicos

El secretario general del PSOE propone la prohibición de donaciones de empresas a los partidos y que la Audiencia Nacional juzgue los delitos relacionados con corrupción política.

«La corrupción es y ha sido siempre uno de los males más devastadores de la democracia. Pero cuando tanta gente lo está pasando mal por la crisis, ese mal se convierte en un cáncer que amenaza la supervivencia del sistema». Son palabras del secretario general del PSOE ayer en la clausura del VII Congreso del PSE, en las que admitió que la multiplicación de supuestos conocidos de corrupción «contamina a todos y a todos daña», más allá de las siglas que se vean implicadas. De ahí que Rubalcaba lanzara ayer cuatro propuestas para atajar esta lacra: la creación de una oficina anticorrupción en el seno de la Administración del Estado; que las empresas que aparezcan implicadas en un supuesto de corrupción política sean inhabilitadas para contratar con cualquier Administración; la atribución a la Audiencia Nacional del conocimiento y enjuciamiento de todos los delitos relacionados con la corrupción política cometidos con participación de cargos o representantes públicos en cualquier punto del territorio nacional, y la prohibición de donaciones de empresas a los partidos políticos.

Rubalcaba quiere que una Oficina Anticorrupción vigile el comportamiento de los responsables de ministerios, organismos y empresas públicas, con competencias también en el ámbito de las corporaciones locales. Se trataría de que un conjunto de inspectores del máximo nivel adscritos a una Unidad de Asuntos Internos tuvieran capacidad para acudir a las administraciones. «Los hombres de negro» de la Administración tendrían competencia para revisar las actuaciones y procedimientos seguidos en los asuntos con alcance directa o indirectamente económico, así como para incoar la exigencia de responsabilidades que puedan derivarse de ellos. La propuesta del PSOE incluye que las empresas que aparezcan implicadas en un supuesto de corrupción política sean inhabilitadas para contratar con cualquier Administración pública, con cualquier organismo público y con cualquier empresa pública por el tiempo que dure la condena de los responsables. Se trata de una medida destinada a desalentar a las empresas tentadas de estos comportamientos ante el riesgo de que se vean expulsadas del ámbito de las contrataciones públicas en todo el territorio nacional y respecto de todas las administraciones. También se insta a atribuir a la Audiencia el enjuiciamiento de todos los delitos de corrupción política cometidos con participación de cargos públicos. Por último, abogan por la prohibición de donaciones de personas jurídicas a los partidos , ya que ésta «eliminaría las sospechas de connivencia y dejaría, negro sobre blanco, los ingresos y, por ello, permitiría deducir que todo gasto que exceda de la financiación pública o individual acreditadas responde a financiación ilegal».