Iguales y solidarios

El Estado autonómico ha sabido dar un buen servicio a la sociedad española al responder eficazmente a uno de los mayores problemas de nuestra historia constitucional: la organización territorial del poder político. Sin embargo, este modelo adolece de importantes incoherencias y disfunciones que se acentúan cada vez más por la profunda crisis económica que padecemos. Estas lagunas están siendo aprovechadas, tanto desde posiciones soberanistas como neocentralistas, para poner en jaque el actual Estado autonómico.

El PSOE de Andalucía quiere dejar muy clara su posición sobre la vertebración política y administrativa de España, conforme a un modelo que persiga la eficacia y la eficiencia, pero también, y sobre todo, el fortalecimiento de la democracia. Se hace imprescindible actualizar y clarificar la distribución de competencias, que es fuente permanente de conflictos entre comunidades y Estado. Necesitamos una atribución clara sin rescatar las fórmulas centralistas del poder, que debilitan la democracia y pervierten el sentido de la política. De la misma forma, hemos de reforzar los instrumentos multilaterales de encuentro, diálogo y codecisión de las comunidades en las decisiones del Estado que afecten a intereses específicos. Y para conseguirlo es preciso contar con una Cámara que haga realidad lo establecido en la Constitución: que represente con efectividad a las comunidades y satisfaga la integración de los intereses de todos los territorios.

También es necesario llevar a la Constitución un sistema de financiación basado, entre otros, en los principios de corresponsabilidad, solidaridad y equidad. No es el momento de cuestionar las instituciones del concierto y convenio de los territorios históricos, pero, sin duda, hay que explorar las fórmulas que permitan su contribución a la solidaridad interterritorial para garantizar el principio de igualdad.

Hay que aportar en función de la riqueza para hacer posible la máxima que siempre hemos defendido: cada uno según sus posibilidades, a cada uno según sus necesidades. Por ello, planteamos una reforma de inspiración federal de la Constitución como punto de partida hacia una nueva organización territorial, acorde con las necesidades actuales. En definitiva, hemos de conseguir un pacto que dé lugar a un nuevo modelo de convivencia que reconozca y respete la diversidad y la pluralidad, pero que evite cualquier privilegio que dificulte la solidaridad entre territorios y la igualdad de oportunidades entre los españoles.