Imputado el interventor por prevaricación y malversación

La jueza Mercedes Alaya imputó al ex interventor general Manuel Gómez dos delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos. Le atribuyó haber permitido modificaciones presupuestarias ascendentes a 145 millones. La tesis de Alaya es que Gómez trasladó advertencias, pero formó parte del engranaje que posibilitó de alguna forma el menoscabo de fondos. La Fiscalía no solicitó ninguna medida cautelar. El interrogatorio no sólo pivotó en torno a las posibles responsabilidades públicas de altos cargos y miembros del Consejo de Gobierno, sino también sobre las posibles responsabilidades de Manuel Gómez. Especialmente, por no haber abierto un informe de actuación, una especie de código rojo que hubiera hecho saltar las alarmas. Gómez alegó que no era necesario abrir este tipo de informe porque los de cumplimiento –y el especial de 2003– ya obligaban a la Junta a tomar medidas. Además, de haberlo abierto, «hubiera tenido el mismo efecto que el informe adicional, que se quedó en un cajón», sostuvo ayer. La juez le preguntó, asimismo, si recibió «presiones políticas» para no emitir el informe de actuación y poner coto a las irregularidades. Gómez lo negó, aunque a la jueza no le convenció la respuesta. En lo que insistió el interventor es en la idea de que el órgano fiscalizador del que era responsable no tenía poder ejecutivo, sino simplemente de control. Es decir, que la Intervención en sí misma no podía paralizar el procedimiento que había puesto en marcha la Junta a través del polémico convenio de julio de 2001 que firmaron Viera y Antonio Fernández. El informe de actuación procede abrirlo cuando se detecta menoscabo de fondos públicos, aunque el imputado negó tal extremo, como ya hizo en la comisión de investigación. Sin embargo, a preguntas del abogado de Guerrero, sí reconoció que la Intervención abrió un informe de actuación en 2008 por una cuestión aparentamente mucho menos importante: la subida desproporcionada de salarios en el hospital de El Ejido. El informe se quedó, según dijo, en el cajón de la Consejería de Hacienda, apuntando nuevamente a la responsabilidad de Griñán.

Según su tesis, en la que insistió ayer, la Intervención no pudo conocer el menoscabo ni las irregulares que después ha alumbrado la investigación –intrusos, pagos cruzados, elevadas comisiones...– por el dique que se levantó a la labor de de este órgano. Con la transferencia de financiación a la agencia IDEA, no existió labor interventora, que es un control de carácter previo, suspensivo, acto a acto y vinculante. Hubiera sido así si las ayudas las hubiera otorgado la Consejería de Empleo a través de subvención excepcional, tal y como recomendó la Intervención en sus reiterados informes. El control que existió fue el de control financiero que marca la ley para los entes mercantiles, de carácter posterior y no vinculante. Gómez, por otra parte, reconoció que se reunió en 2012 con la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, para mostrarle su malestar sobre las implicaciones políticas en su contra. Hay otras reuniones, sin embargo, que el interventor no ha confirmado, como la que desveló Guerrero que se produjo en 2005 y en la que habrían participado, según informó en su día este diario, Martínez Aguayo, el entonces director general de Presupuestos, Antonio Lozano –imputado en el caso– y él. El motivo era buscar una solución a los problemas que estaba originando el «fondo de reptiles». Gómez dijo ayer que despachó con Martínez Aguayo, pero para tratar cuestiones generales.