Indignación en la Abogacía por la ruptura del secreto profesional de la Fiscalía en el caso de Ayuso

La revelación por parte de la Fiscalía Provincial de Madrid sobre datos concretos de unas diligencias de investigación relacionadas con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es una actuación de "extrema gravedad" que ha causado indignación en la Abogacía madrileña y entre numerosos profesionales del Derecho. Así lo ha planteado el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que alerta que esta práctica puede vulnerar derechos esenciales en la labor de los letrados.

Dada la gravedad de los hechos, el próximo lunes la Junta de Gobierno del ICAM incluirá un punto extraordinario para adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar que se respeten en todos los ámbitos de la práctica profesional.

Para el órgano colegiado, la divulgación de cualquier información relacionada con las posiciones o estrategias legales de las partes sin que se haya formalizado un acuerdo de conformidad, tal como ha ocurrido en el caso del empresario Alberto González, actual pareja de Ayuso, "constituye una vulneración de estos principios básicos de sigilo, confianza y buena fe, y pone en riesgo la neutralidad que debe caracterizar la actuación del Ministerio Fiscal", subraya.

Arremete de este modo contra la nota difundida ayer por el Ministerio Público se detallan fechas y contenido de conversaciones y reuniones, produciendo todo ello una ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados.

Ayer, la Asociación de Profesionales Independientes de Fiscales (APIF) también manifestaba su incredulidad ante el comunicado emitido por la Fiscalía de Madrid, que se saltaba la "neutralidad" que se debe guardar en procedimientos en los que están involucrados cargos políticos de manera directa o indirecta y pidió al fiscal general del Estado que ordenara a las fiscalías que respetaran el deber de sigilo.

Desde el ICAM recuerdan que el Estatuto de la Abogacía, aprobado por Real Decreto 135/2021, en su artículo 22, establece sin paliativos el deber y el derecho de los abogados a mantener en secreto todas las comunicaciones y propuestas relacionadas con el ejercicio de su profesión, garantizando así la confianza y la protección de los derechos de sus defendido.

A ello se suma, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal también destaca el límite de la obligación de informar por parte del Ministerio Público, haciendo hincapié en el respeto al secreto del sumario y a los deberes de reserva y discreción inherentes al cargo, así como a los derechos de los implicados.

Para la Abogacía madrileña, este marco legal "subraya la importancia del secreto profesional, especialmente en las interacciones entre fiscales y abogados, ya sea durante las diligencias de investigación o en el transcurso de los procedimientos judiciales"