El intento fallido de ilegalizar la Fundación Franco

El Gobierno intentó el pasado mes de mayo ilegalizar la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) introduciendo una enmienda transaccional en el proyecto de Ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos. Los partidos de la coalición Frankenstein, encabezados por PSOE y Unidas Podemos, con el apoyo de ERC, PNV y Junts per Catalunya, pactaron añadir un artículo en la norma –el 31 bis– que otorga al Protectorado de Fundaciones (que depende del Ministerio de Cultura) la posibilidad de abrir el procedimiento de extinción judicial. Un periodo durante el que la organización marcada en rojo tendría diez días para presentar alegaciones y que habría puesto en la diana a una entidad que en repetidas ocasiones ha sido mencionada expresamente como objetivo del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Fuentes de la propia Fundación Franco consideran como «un hecho insólito» lo ocurrido el 17 de mayo, cuando «atentando contra derechos como la libertad de expresión, pensamiento o de asociación» –«derechos constitucionales», apuntan–, el PSOE «intentó nuestra ilegalización». En opinión de estas fuentes, «con desprecio absoluto del procedimiento establecido mediante la consabida fórmula, muchas veces empleada, de colar en cualquier proposición de Ley una disposición transitoria que nada tiene que ver con el contenido del articulado de la norma».

El método empleado en este caso fue servirse del mencionado proyecto de Ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, que lleva tramitándose en el Congreso de los Diputados hace meses, planteándose las enmiendas correspondientes de los distintos grupos parlamentarios, con carácter previo a su aprobación en el Pleno. Tras su visto bueno habría ido al Senado y de ahí llegaría el último paso, la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En la Mesa de la Cámara Baja correspondió la proposición de ley a la comisión de Cultura y Deportes, por razón de la materia. El PSOE, sin advertencia previa a las fuerzas políticas de la oposición, ni conocimiento de los términos, introdujo en el articulado una enmienda mediante la cual se modificaba la Ley de Fundaciones, lo que permitiría ilegalizar aquellas que incumplan la Ley de Memoria Democrática, con la vista puesta en la FNFF.

Una vez fueron convocados los portavoces el día 17, los interesados solicitaron que el texto se aprobara por unanimidad. Aseguran desde la Fundación Franco que «si, en la junta de portavoces no se hubieran enterado y opuesto los representantes de Vox y PP y se hubiera producido la aprobación por unanimidad, nada improbable dado el tema del articulado de la norma –Cultura y Deportes–, la Ley habría entrado en vigor en cinco días hábiles», quedando «sentada la base de la ilegalización [de la FNFF], sin necesidad de aprobación en el Pleno del Congreso». Una «torticera y maquiavélica maniobra» que «tenían preparada para que entrara en la campaña de las elecciones municipales, pues la publicación en el BOE se hubiera producido antes» de la cita con las urnas el pasado 28 de mayo.

«Se les truncó la jugada», aunque ello «no hubiera impedido que volvieran a plantearlo en el pleno del Congreso cuando lo estimaran oportuno, y que fuera aprobada por mayoría», para pasar al Senado «y tenernos dos meses entretenidos, con carácter previo a las elecciones generales, con el comodín de Franco». Pero, apuntan estas fuentes, «con el adelanto electoral ha decaído afortunadamente semejante tropelía». Para la Fundación Franco, Vox y PP «han defendido el Estado de Derecho y la Historia, como les corresponde».