El intento de García Ortiz de anular los registros enfrenta a su defensa con agentes de la UCO

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que participaron en el registro del despacho de García Ortiz el 30 de octubre del pasado año han explicado al tribunal que juzga a Álvaro García Ortiz que realizaron una copia "total" del contenido de sus dispositivos porque técnicamente era "imposible" hacer el cribado in situ por fechas (el magistrado del Tribunal Supremo autorizó copiar toda la información desde el 8 de marzo). Una tarea que, han especificado, se llevó a cabo más adelante ante las preguntas del abogado del Estado, centrado en arrojar sombras sobre la proporcionalidad de esa actuación policial que considera nula. Y es que el magistrado autorizó únicamente la copia de la información desde el 8 de marzo de 2024, por lo que para la defensa del fiscal general resulta "muy relevante" que el volcado se extendiese a todo el contenido de esos dispositivos.

Uno de los agentes especificó al respecto que "técnicamente" el volcado de los dispositivos "hay que hacerlo de manera total" porque es imposible llevarlo a cabo in situ. "El volumen de información es tanto que revisar uno por uno los archivos es inviable, por tiempo sobre todo", ha señalado. "Es imposible, tendríamos que estar semanas para hacer ese cribado...", ha insistido uno de los guardias civiles.

Los testigos han afirmado que el fiscal general mantuvo una "colaboración activa" con la UCO, e incluso les informó de que había cambiado de móvil. El guardia civil que dirigió a los técnicos en el volcado de esa información, ha ratificado que los datos volcados no pudieron ser manipulados con posterioridad, puesto que, conforme a la normativa en vigor, se "bloquearon los puertos para garantizar que no se pudiese volcar más información en esos dispositivos".

"Primero se copia y después se procesa"

El agente ha asegurado que se realizó un volcado de la información desde el 8 de marzo, pero precisó -a preguntas del abogado del Estado- que habitualmente "primero se copia y después se procesa" esa información, por lo que inicialmente se efectúa una copia del total de la información para posteriormente cribar esos datos.

Según ha afirmado, tanto García Ortiz como el personal de la Fiscalía General del Estado "estuvieron colaboradores, facilitaron el pin del teléfono, e incluso tuvieron una colaboración activa cuando se les solicitó información posterior".

En su intento por dejar sin efecto la información recabada en ese registro, el abogado del Estado José Ignacio Ocio insistió una y otra vez en que el testigo admitiese que las copias que se llevaron a cabo fueron totales. Pero la respuesta que se encontró para justificar ese volcado de toda la información fue siempre la misma: la imposibilidad de efectuar durante el registro ese cribado porque en esos momentos "prima la celeridad".

"No se podía realizar una copia selectiva"

También procedieron así con los mensajes de los correos electrónicos, porque "no se podía realizar una copia selectiva", un expurgo que se llevó a cabo con posterioridad.

El abogado del Estado ha recordado que el representante de los Servicios Jurídicos del Estado presente durante el registro, así como la propia Pilar Rodríguez, formularon "quejas" sobre las copias de los dispositivos que se estaban realizando, al considerar la actuación "desproporcionada".

En esa misma línea, otro de los agentes de la UCO que intervinieron en el registro ha puesto de manifiesto que cuando se llevas a cabo un registro "no se puede seleccionar" la información incautada, por lo que "se realiza el volcado completo de la información", dejando para más adelante la selección de esos datos.

La defensa de García Ortiz: "O sea que no acataron el auto"

También testificaron en el juicio otros cuatro agentes de la UCO que participaron en el registro de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que también se llevó a cabo ese 30 de octubre de 2024 (cuando Rodríguez estaba investigada, imputación que mantuvo hasta la recta final de la instrucción). Sus mensajes llevaron a la UCO a atribuir al fiscal general un papel "preeminente" en la filtración del correo del 2 de febrero del pasado año en el que la defensa de González Amador admitía el fraude fiscal y proponía un pacto de conformidad al fiscal Julián Salto.

Uno de esos agentes contó que "se hizo una copia íntegra" de los dos móviles de Pilar Rodríguez, al igual que de sus correos, porque no hubo posibilidad técnica "para acotar esas fechas". "Creo que no hay manera de hacer una descarga filtrando por fechas", ha matizado. "O sea que no acataron el auto" del instructor, apostilló el abogado del Estado, que le ha preguntado si pusieron este hecho en conocimiento del juez instructor. "Eso ya lo desconozco", ha respondido el agente.

En el mismo sentido se expresaron otros cuatro guardias civiles, que incidieron en que era inviable en ese momento llevar a cabo la selección del volcado para ceñirse a las fechas indicadas por el instructor (circunscrito a la etapa entre el 8 de marzo y el 30 de octubre del pasado año). Y en cuanto al hecho de que se realizaran dos copias, ha apuntado que este hecho "venía ordenado en el mandamiento" judicial.