Interior
Interior privatiza la sanidad en la cárcel de los narcos
Instituciones Penitenciaras busca contratar un servicio médico externo en el recinto de Puerto III ante la falta de sanitarios
La falta de médicos en las cárceles españolas ha obligado al Ministerio del Interior a privatizar estos servicios. Instituciones Penitenciarias ha sacado a licitación la contratación de la asistencia externa sanitaria en el recinto de Puerto III en El Puerto de Santa María (Cádiz), conocida por acoger a los más ilustres narcos de los clanes tradicionales. En los últimos años más de una veintena de centros han tenido que recurrir a esta modalidad.
El informe aportado para justificar este gasto, que asciende a cerca de 60.000 euros, expone los problemas que esta viviendo la sanidad penitenciaria. Desde hace años, los sindicatos advierten que la cifra de médicos en los recintos se ha reducido a la mitad. Una falta de personal que se produce sin distinción por toda la geografía española.
"La sanidad penitenciaria pasa por momentos difíciles que están poniendo a prueba todas las áreas que componen el organigrama de los centros penitenciarios", detalla el escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN. Y es que el reglamento infiere que la actividad regimental debe ser fiscalizada por los servicios médicos y sus componentes.
Además, esta normativa recoge la obligación de proporcionar la asistencia médica sanitaria a los internos, equivalente a la dispensada al conjunto de la población. "Esta asistencia sanitaria se garantizará con medios propios y ajenos, concertados por la Administración Penitenciaria competente. Actualmente no existe convenio alguno suscrito con ninguna Administración por parte de Instituciones Penitenciarias", explica el informe.
"Desde un tiempo a esta parte se ha venido produciendo una falta paulatina de profesionales médicos en los centros penitenciarios", reconoce Interior. En el caso de la cárcel de los narcos, Puerto III debería tener en su plantilla 8 efectivos pero en realidad cuenta solo con 3. De ahí se traduce la "situación de urgencia" para sacar este procedimiento para que la "asistencia sanitaria de los internos esté mínimamente cubierta".
"Mediante la contratación de asistencia sanitaria externa se pretende paliar la falta paulatina de profesionales médicos en los centros penitenciarios. Del mismo modo, con el presente servicio se daría cobertura a la atención de urgencias médicas dentro de su horario que puedan resolverse fácilmente en la enfermería del propio centro penitenciario", solicita la documentación. El objetivo es que se evite la derivación al servicio de urgencias del hospital de todas las incidencias que se produjeran con la consiguiente movilización de recursos de custodia por parte de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como de traslado en vehículos apropiados.
En este caso, Interior busca que se pueda prestar el servicio de 30 horas a la semana de lunes a domingo, incluidos festivos, en la localidad de El Puerto de Santa María. Asimismo, el área de Fernando Grande-Marlaska sugiere que la empresa adjudicataria disponga de al menos tres trabajadores para atender posibles bajas o vacaciones.
Cárceles sin médicos
La sanidad penitenciaria sigue siendo uno de los deberes pendientes. Una de las novedades de este año es la convocatoria de oposiciones, con 64 plazas disponibles, y la publicación de subvenciones para programas de atención social y medidas alternativas a la prisión. El plazo para los aspirantes permanece abierto hasta el próximo 28 de noviembre.
Los sindicatos de los funcionarios de prisiones advierten que más de la mitad de las plazas de la plantilla sanitaria no está cubierta. Las cárceles no son un destino atractivo para los médicos y las enfermeras, detallan fuentes penitenciarias a LA RAZÓN. Se cobra mucho menos que en otros puestos como hospitales y el riesgo es mucho mayor por las agresiones que se viven en los centros.
De esta forma, la población reclusa se va incrementando mientras que los especialistas sanitarios se reducen. Los representantes de los trabajadores reprochan a Interior que no busquen fórmulas para incentivar al personal y que se puedan cubrir estas plazas. "Al final solo queda privatizar y que hagan otros negocio", lamentan sobre esta nueva situación.