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16 de mayo de 2019. 19:49h

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Ely del Valle 16/5/2019

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Nadie puede negar que protestar ante una situación que consideramos injusta es un derecho que tenemos todos, pero una cosa es la protesta y otra muy diferente el acorralamiento, el insulto, la intimidación y la amenaza por mucho que lo disfracemos llamándolo escrache que queda como más fino. Lo que le hicieron ayer los activistas antidesahucios a Manuela Carmena y, sobre todo, la situación por la que tuvo que pasar el miércoles una Begoña Villacís a punto de dar a luz, es simplemente inaceptable. No es ni mucho menos la primera vez que, amparándose tras el parapeto de la masa, se utiliza la violencia contra un determinado político; el problema es que no hay una postura común ante el abuso del manido derecho a la libertad de expresión, aunque los que lo esgriman traspasen esa línea roja que separa la palabra del acoso puro y duro, porque siempre hay alguien que termina justificándolo y lo peor de todo es que muchas veces esa justificación surge de los propios políticos... hasta que les toca a ellos. No es el caso. En esta ocasión todos los líderes en campaña se han solidarizado con Villacís y han condenado el asedio al que se vió sometida, pero no es suficiente. O se toman medidas contundentes con quienes ponen en práctica el hostigamiento descarado contra una persona, se dedique a la política o a lo que sea, o terminaremos lamentando una desgracia. La candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Madrid tuvo que ser protegida por la policía ante la posibilidad de sufrir algún tipo de agresión física voluntaria o involuntaria a dos días de ingresar en un quirófano para que le practiquen una cesárea. Si alguien cree que esto es de recibo, que venga dios y lo vea, y si al resto de las mujeres no se nos ponen los pelos de punta ante esta machada, es que tenemos un problema muy serio.

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