Racismo
Irene Montero reconoce ante Brasil que el racismo "está muy arraigado" en España
El Gobierno asegura que "estos hechos se persiguen y se castigan" en nuestro país y no valora hacer cambios legales
Los insultos racistas al jugador del Real Madrid Vinicius Jr. han saltado del terreno de juego al debate nacional, copando las reacciones políticas, en la recta final de la campaña electoral. Tanto es así, que la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros estuvo capitalizada por preguntas sobre esta cuestión a la portavoz del Gobierno, que se afanó en defender que no existe impunidad sobre este tipo de actuaciones.
De hecho, hoy ha trascendido una cascada de detenciones. En una primera actuación la Policía Nacional detuvo a tres personas, de entre 18 y 21 años, en Valencia por los insultos racistas en Mestalla. Por otro lado, se informó de otros cuatro arrestos por el muñeco «ahorcado» de Vinicius que se colgó en un puente cerca de Valdebebas el pasado mes de enero.
«En España este tipo de comportamientos no quedan impunes, se persiguen y se castigan», aseguró la portavoz, para apuntar que los que están circunscritos al ámbito del deporte «llevan tiempo regulados», por lo que el Ejecutivo no se plantea una legislación suplementaria para atajarlos. Isabel Rodríguez señaló que, de hecho, la persecución de estas actuaciones en el deporte data del año 2007 y «contamos con organismos interministeriales para hacer un seguimiento». «Hay que distinguir las acciones del régimen interno del deporte, de las que tienen que ver con el régimen común», puntualizó para reiterar de nuevo que «estos hechos se persiguen y se castigan».
Sin embargo, este posicionamiento contrasta con el del Ministerio de Igualdad. La ministra Irene Montero va por libre y reconoce ante su homóloga de Brasil que el racismo «es estructural en nuestras sociedades y que hechos como el acontecido en Valencia no son aislados, sino que están profundamente arraigados en la sociedad». Sin compartir la estrategia con el resto del Ejecutivo, el Ministerio de Igualdad ha lanzado una comunicación conjunta con el gobierno brasileño, que fuentes de Moncloa aseguraban desconocer. En él se condenaba de forma «rotunda y absoluta» el racismo en el deporte y la violencia que éste genera, que constituye una «grave vulneración de los derechos humanos y perpetúa la desigualdad y la discriminación en todos los ámbitos de la sociedad».
También se trasladaba su solidaridad con Vinicius y aseguraba que para erradicar el racismo, los estados deben «en primer lugar, reconocer y proteger los derechos de quienes lo sufren, para así desplegar políticas públicas efectivas que aborden con rotundidad el racismo y la discriminación racial». En este contexto, desde Igualdad aprovechan para impulsar la futura Ley del Racismo, que se configura, en su opinión, como el horizonte para articular y materializar esta forma de manera integral. Una promoción que choca con el nulo impulso legislativo que anticipó la portavoz desde la mesa del Consejo de Ministros.
Montero y la ministra de Igualdad Racial de Brasil, Anielle Franco, ya firmaron a principios de este mes de mayo un Memorando de Entendimiento entre ambos departamentos para la promoción de la igualdad racial y la lucha contra el racismo, la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. «Tenemos mucho que aprender de Brasil y otros países de Latinoamérica para mejorar el acceso de los grupos poblacionales y étnicos que sufren más discriminación a las políticas públicas», recalcó la ministra, en cuyas palabras, el Gobierno de Lula da Silva «es hoy una esperanza».
La polémica ha escalado de nivel –a uno internacional– cuando el presidente brasileño, Lula da Silva, abrió su comparecencia de cierre de la cumbre del G7 con críticas a lo ocurrido en España contra Vinicius y ayer el ministro de Justicia amenazó con aplicar la ley brasileña en España, invocando el principio de extraterritorialidad, por los insultos racistas en Mestalla. Sin embargo, fuentes gubernamentales aclaran que estos pronunciamientos del gobierno brasileño no alcanzan las dimensiones de un conflicto diplomático, confirman que no ha habido contactos al más alto nivel, y rebajan la trascendencia de los mismos.
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