Memoria Histórica
Italia toma partido por la «Pirámide del Escudo»
Un senador de Meloni se suma a las alegaciones ante la Junta de Castilla y León para la declaración del túmulo de 1939 como Bien de Interés Cultural
El senador Italiano Roberto Menia se ha sumado a las alegaciones de la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces para reclamar la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de monumento, del «Mausoleo del Escudo», también conocido como «Pirámide de los italianos» en el Valle de Valdebezana (Burgos).
Menia, vicepresidente de la Comisión de Exteriores y Defensa de Fratelli d’Italia, el partido de la primera ministra Giorgia Meloni, remitió un texto a la asociación –que previamente había presentado una solicitud, al igual que la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica– con la intención de personarse en el expediente administrativo actualmente en tramitación ante la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León. Un paso que blinda la estructura ante cualquier amenaza contra su integridad, aunque el paso del tiempo ya ha hecho mella tanto en su interior como en la fachada del túmulo.
El senador, en su nombre y como político adscrito a la Cámara Alta de la República Italiana, expresa «pública y formalmente su profundo agradecimiento» con respecto a la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces, por «su loable iniciativa de solicitar la incoación del correspondiente expediente administrativo para la declaración de BIC», cuyo expediente dice esperar «termine mediante resolución que así lo declare» y «goce de una especial protección».
Apunta Roberto Menia que la pirámide «pertenece en propiedad a la República de Italia [la Hermandad de la Ribera, una sociedad de ganaderos, recuperó el terreno en 1975], amén de que su autoría también corresponde a dos nacionales [transalpinos], concretamente al arquitecto, acuarelista y escultor Atillio Radic», y en su «ejecución, al padre Giovanni Bergamini, monje capuchino y capellán castrense». Una construcción que «finalizó en la segunda mitad de 1939» con la finalidad de «albergar los cuerpos de 384 voluntarios italianos» que cayeron en la batalla de Santander, durante la Guerra Civil española.
Posteriormente, recuerda el senador, los cuerpos fueron «repatriados a Italia en 1971» [en su mayoría, el resto se trasladó al Sacrario Militare Italiano de la Iglesia de San Antonio de Padua, en Zaragoza], permaneciendo «intacta hasta hoy la estructura del edificio», pero «despojada de elemento ornamental alguno o simbología política expresiva de la imperante en el momento histórico de su construcción».
Para Menia, «resulta innegable» que la obra «posee un evidente valor artístico» que la sitúa «en el ámbito de la protección histórico-artístico y cultural de la Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico español», así como de «la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León».
Argumenta el senador su defensa de la pirámide en que «su valor artístico es indiscutible, al tratarse de una obra única en España» y «ello con independencia de la interpretación que se le quiera atribuir». Una construcción, añade, encuadrada en la conocida como «Arquitectura de la Autarquía» (1936-1955), y que «presenta pues cualidades y valores sumamente significativos y relevantes desde el punto de vista histórico, artístico y cultural, que determinan sin más su más que previsible declaración como Bien de Interés Cultural».
Menia dice haber «tenido conocimiento a través de la prensa española», el pasado 6 de febrero, de la «decisión del Gobierno español de derribar» la pirámide, al catalogar el monumento como «un claro ejemplo de exaltación del franquismo y el fascismo que atenta contra la Ley de Memoria Democrática». Asimismo, que «las autoridades locales, a las que hoy tengo el honor de dirigirme, están en contra de la demolición y proponen dejarlo en pie». Apunta que, «según me informan, el sentir de la mayoría de los vecinos» es que «sería una auténtica barbarie y despropósito demoler la Pirámide de los Italianos».
Roberto Menia reitera a título particular y «en el ejercicio de» su «cargo» que «la destrucción o vandalismo de vestigios del pasado es peligrosa» y «expresa una actitud radicalizada, lamentablemente ya observada con consternación en otras partes del mundo». Lamenta que «de aplicarse en la práctica provocaría la destrucción de gran parte del patrimonio artístico y arquitectónico de la humanidad, una actitud destructiva de aniquilamiento muy ajena a la cultura europea y que no encuentra cabida en la conciencia civil y en la pertenencia común a la Unión Europea».
La Junta de Castilla y León abrió el pasado febrero el expediente para la declaración BIC, un paso administrativo que requiere de informes favorables de al menos dos entidades consultivas. Si esta acción no fructificase, la Consejería de Cultura podría incluir la pirámide, la única existente en España, en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural.
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