La presidenta de Navarra, María Chivite, encargó a la directora de la Oficina regional de Buenas Prácticas y Anticorrupción, volver a analizar la legalidad de las seis adjudicaciones otorgadas por la comunidad autónoma a la empresa vinculada al presunto entramado de «mordidas» vinculadas a Santos Cerdán.

Se da la circunstancia de que Edurne Eginoa fue la persona que firmó una de las obras que recibió Servinabar y, ahora, es la máxima responsable del organismo navarro que tiene que auditarla, junto a otras cinco, para comprobar si hay indicios de irregularidades.

Concretamente, Eginoa concedió, ejerciendo ella misma como órgano de contratación, la licitación de la reforma del edificio que albergaba el Archivo General de Navarra a la empresa de Antxon Alonso, vinculada también, escritura mediante, al ex secretario de Organización del PSOE ahora en prisión por el «caso Koldo».

Eginoa era, cuando sacó adelante la adjudicación, la directora general de Presidencia y Gobierno Abierto, dependiente de la Consejería de Presidencia e Igualdad, en el anterior Ejecutivo navarro que presidía Uxue Barkos.

Ocupó este cargo desde agosto de 2015 y hasta el advenimiento de la última legislatura en agosto de 2019. Y su jefa directa era la ex consejera autonómica María José Beaumont (vinculada a Bildu).

Con el cambio de Gobierno, la llegada de Chivite y el Partido Socialista de Navarra (PSN) a la administración regional, Eginoa fue nombrada en mayo de 2022 la máxima responsable del organismo público de nueva creación. Fue propuesta por Bildu y elegida tras recibir el apoyo en el Parlamento navarro de los socialistas y las fuerzas aliadas de Geroa Bai y Podemos.

Respecto a la adjudicación en cuestión, el departamento de Eginoa eligió en mayo de 2018 a Servinabar, formando una Unidad Temporal de Empresas (UTE) con Acciona –otra de las compañías señaladas por el supuesto pago de comisiones ilegales– para realizar la reforma interior del edificio que albergó el archivo, situado en la capital navarra de Pamplona.

La adjudicación contó con un presupuesto superior a los dos millones de euros de fondos públicos y la constructora vinculada a Cerdán fue considerada, tal y como figura en los datos del contrato, la «oferta más ventajosa» por ser económicamente la más baja, aunque fue la que peor puntación recibió a nivel técnico.

Sin embargo, cuando se le concedió, tal y como informó, en su momento, «El Diario de Navarra» y ha podido confirmar LA RAZÓN, Servinabar tenía como objeto social la «gestión de servicios para trabajos administrativos» y no fue hasta después, en noviembre de 2019, cuando la mercantil lo cambió a la «elaboración y ejecución de toda clase de proyectos de construcción y edificación».

Hay que recordar que la Ley Foral de Contratos Públicos recoge, en uno de sus artículos, como causa de invalidez en una contratación que la empresa adolezca de una «falta de capacidad jurídica o de obrar del contratista».

Eginoa tendrá que comparecer, tras el verano, en la comisión parlamentaria de investigación de la «Operación Delorme», después de que el pasado 20 de junio el PP aprobase pedir su declaración, junto a casi otra veintena de personas vinculadas a Navarra.

Sucesión de dimisiones

El pasado 11 de junio, justo un día antes de que Chivite anunciase que entregaría la documentación de esta licitación y las otras cinco a la Oficina Anticorrupción el que era jefe de servicio de investigación, inspección y régimen sancionador presentó su dimisión.

Así lo recoge el Boletín Orgánico de Navarra (BON), este funcionario dejó unas responsabilidades para las que había sido nombrado solo un mes antes, el 12 de mayo. Al ser preguntado por LA RAZÓN, el trabajador desvinculó su salida del encargo de Chivite.

Seis después, la directora del servicio de prevención, evaluación y formación también cesó, a petición propia, como recoge, igualmente, el BON. No llevaba en el puesto ni un año.

Una licitación con retrasos y sobrecostes

Las obras en las instalaciones que un día acogieron el Archivo General de la Comunidad Foral, que se encargaron a Servinabar y Acciona, estuvieron marcadas por más de un imprevisto, retrasos y sobrecostes de un 19%.

Las actuaciones debían ejecutarse en el plazo de un año, pero, según ha podido saber este diario, por un cúmulo de contratiempos no concluyeron hasta que pasaron 18 meses. En los detalles de las condiciones se fijaba, de manera clara, que «el cumplimiento del plazo de ejecución» se consideraba un «elemento esencial del contrato».

En marzo de 2019, la UTE solicitó una ampliación del margen inicial para la ejecución, y, con la llegada de Chivite a la administración, se aceptó, lo que libró a la empresa de penalizaciones.