Polémica
JUCIL recurre ante el Supremo la expulsión de los guardias civiles de Tráfico en Navarra
La asociación considera que el procedimiento utilizado para la transferencia de estas competencias no es ajustado a Derecho y solicita la suspensión cautelar de la medida
La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo en el que solicita la nulidad del Real Decreto de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Foral de Navarra en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, publicado en el Boletín Oficial del Estado del pasado 7 de abril de 2023. Una polémica norma que afecta a los 220 guardias civiles que componen la Agrupación de Tráfico en Navarra, ya que las tareas de control de la circulación rodada pasan a la Policía Foral, por lo que deberán ser reubicados en otros servicios en el territorio navarro o desplazarse a otras comunidades, con los perjuicios e inconvenientes que supone para familias asentadas en esta tierra o naturales de la misma.
Esta asociación considera que el procedimiento utilizado para la transferencia de estas competencias no es ajustado a Derecho por ser exigible para ello la modificación previa de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, es decir, del Estatuto de Autonomía, tal y como diferentes expertos en la materia sostienen. “La precipitación con la que se ha querido llevar a cabo la transferencia, por motivos claramente políticos, era incompatible con los tiempos y trámites parlamentarios necesarios, por lo que se ha optado por utilizar una fórmula que está prevista para la materialización del traspaso de competencias que ya han sido previamente asumidas, lo que no es el caso. La consecuencia legal es la nulidad del Real Decreto y, por lo tanto, del traspaso de las competencias en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor”, manifestaba el secretario de Comunicación de la asociación, Agustín Leal.
Medidas cautelares
En este sentido, la asociación solicita que hasta que el Tribunal Supremo tome una decisión sobre el recurso de nulidad, se proceda a la suspensión cautelar de su aplicación"a la vista de los graves e irreparables perjuicios que el traspaso de la competencia puede generar, tanto a los guardias civiles afectados y sus familias, como a la administración estatal y autonómica, de ser ejecutado y obtenerse una sentencia favorable".
La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Navarra está compuesta por 220 efectivos para los que JUCIL ha solicitado alternativas si la competencia se traspasa definitivamente a Navarra, de manera que puedan continuar en otros servicios en esta comunidad foral o bien se les facilite una ‘pasarela’ para incorporarse en Tráfico en la Policía Foral o también se les ofrezcan otras alternativas que eviten los perjuicios que supone un traslado forzoso para ellos y sus familias a destinos en otros lugares de España.
Hay que señalar que esta medida de JUCIL se suma a la iniciada ayer por la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UOG), que también han recurrido al Supremo esta decisión, al considerar que no se ha seguido el procedimiento preceptivo, ni adecuado. Y es que, según apuntan, para materializar la transferencia y su ejercicio con exclusividad se requeriría la modificación del Amejoramiento del Fuero, necesitando, en síntesis, la mayoría absoluta de las Cortes, bien mediante procedimiento de ratificación, bien mediante específica Ley Orgánica (art. 71.2 LO 13/1982).
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