Jueces y fiscales convocan de forma oficial la huelga e instan al CGPJ a fijar servicios mínimos

Tres de las cuatro asociaciones de jueces y dos de las tres agrupaciones de fiscales han convocado oficialmente una huelga indefinida a partir del 16 de mayo a través de un comunicado remitido al Gobierno, al Consejo General del Poder judicial (CGPJ) y a la Fiscalía General del Estado.

Con ese escrito, que fija el inicio de los paros a las 0:00 horas del 16 de mayo, cumplen con el trámite legal de preavisar los paros. Una convocatoria que, precisan, afecta a jueces y fiscales de toda España, "a los que afectan por igual las reivindicaciones que constituyen objeto" de la huelga.

Además las cinco asociaciones -Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF)- reclaman al CGPJ que, al afectar la huelga a un servicio público, fije los "servicios mínimos imprescindibles" para atender debidamente a los ciudadanos en esas fechas.

En las ocasiones anteriores en las que asociaciones judiciales han convocado paros (nunca de forma indefinida), el CGPJ se ha negado a fijar o avalar servicios mínimos argumentando que la huelga de los jueces no tiene amparo normativo con la legislación en la mano.

Pero las asociaciones no comparten ese criterio. "Esta decisión se ampara en el ejercicio del derecho fundamental de huelga" que contempla la Constitución -defienden- "del que también somos titulares jueces, magistrados y fiscales españoles".

Servicios "inaplazables"

Las asociaciones convocantes instan no obstante a fijar esos servicios mínimos, entre otros, en el servicio de guardia, las actuaciones con detenidos "y otras que resulten inaplazables" (entradas y registros, levantamiento de cadáveres, por ejemplo).

Asimismo, apremian a establecer esos servicios indispensables en las causas con preso o detenidos en el orden penal, en los procedimientos relativos a derechos fundamentales en el orden contencioso-administrativo y en el social, en la adopción de medidas cautelares en juzgados de menores y en las medidas provisionales con hijos menores o personas con discapacidad en juzgados de familia, así como las que tengan que ver con internamientos voluntarios.

En ese mismo sentido, consideran necesario fijar esos servicios mínimos en juzgados de orden civil (medidas provisionales de perjuicio irreparable) o en los de violencia de género (actuaciones que impliquen la intervención de menores o personas con discapacidad), así como en juzgados de vigilancia penitenciaria (resoluciones sobre penas de prisión o ante quejas de internos que afecten a derechos fundamentales) y en el reparto de asuntos urgentes en decanato.

Y dejan claro que no tienen la consideración de servicios mínimos de guardia los juicios inmediatos por delitos leves ni los juicios rápidos por delito sin detenido.

"Notorio aumento de la litigiosidad"

Tras defender su legitimación para convocar los paros como asociaciones representativas de las carreras judicial y fiscal, señalan que la medida de presión persigue una "actualización y adecuación retributiva razonable" que consideran justificada por la pérdida de poder adquisitivo que arrastran al menos desde 2009 y por la "cada día más compleja labor que implica el ejercicio de las funciones jurisdiccional y fiscal".

Las asociaciones hacen hincapié en el "notorio aumento de la litigiosidad", que achacan entre otros factores a la "catarata de reformas legislativas que no hacen sino incrementar exponencialmente" las funciones y la carga de trabajo de jueces y fiscales, lo que además -añaden- repercute "de forma notoria" en su salud laboral.

También ponen de relieve la mayor carga de trabajo que supone la "permanente adaptación" a las constantes modificaciones de la normativa europea.

"Ningún resultado tangible"

Al margen del aspecto retributivo, reclaman al Gobierno la creación de juzgados y la convocatoria de más plazas de jueces y fiscales en un número "sustancialmente superior" al de los últimos años. Para garantizar así, dicen, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y la debida "celeridad y atención" en la prestación del servicio público de justicia.

Según recuerdan, llevan décadas reclamando al Ministerio de Justicia una "adecuada respuesta a sus reivindicaciones" y lamentan que no han cosechado "ningún resultado tangible".

Desde febrero de 2022, señalan, están manteniendo sucesivas reuniones con representantes ministeriales y se quejan que, pese a que desde 2033 es obligatorio por ley, no se ha convocado en veinte años la Mesa de Retribuciones (que se reunirá finalmente el próximo miércoles), prevista para la revisión salarial de jueces y fiscales.

Esa "imprescindible actualización y adecuación retributiva", lamentan, se lleva posponiendo "prácticamente cuatro lustros" de forma "inexplicable".