Jueces y fiscales denuncian los ataques políticos y el "lawfare" ante la Comisión Europea

Diversas vulneraciones que afectan a los órganos jurisdiccionales, como los ataques políticos a jueces, las acusaciones de “lawfare” a los magistrados y tribunales, las comisiones de investigación, el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)y la politización del Poder Judicial han sido algunas de las anomalías que las asociaciones judiciales han puesto en conocimiento de la Comisión Europea (CE). Lo han hecho en el marco de la reunión para la elaboración del nuevo informe sobre la situación del Estado de derecho.

El encuentro se ha celebrado esta mañana conla representante de la Comisión Europea de Justicia, María Álvarez Torné.

Allí han acudido Laura Morell, como portavoz de la organización mayoritaria, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM); Luis Ortiz acudió en nombre de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV); Cristina de Vicente, por Foro Judicial Independiente (FJI); Edmundo Rodríguez por Jueces y Juezas por la Democracia (JJpD).

Tras la reunión, la asociación Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, junto a la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales han emitido una declaración conjunta en la que alertan de diversos problemas y anomalías en el Poder Judicial en España.

Por una parte, la situación de bloqueo del CGPJ, quetiene un impacto significativo no solo en el buen funcionamiento de los tribunales, sino “en la percepción pública de la independencia judicial”. La imposibilidad de cubrir las vacantes en el Tribunal Supremo y en las presidencias de los tribunales es una disfunción que deriva de la situación de interinidad del consejo.

Sobre este aspecto y sobre la fórmula para elegir los vocales, las cuatro asociaciones recuerdan que el Greco (Grupo de Estados Contra la Corrupción) “reclama desde el año 2013 que los vocales jueces del Consejo sean elegidos por los jueces”, algo que actualmente no se da. De hecho, las negociaciones para la renovación del órgano de gobierno de los jueces están pendientes de un pacto entre PSOE y PP, supervisado en Bruselas por el comisario de Justicia, Didier Reynders, que no llega. La próxima reunión tendrá lugar el miércoles 13 de marzo.

También han puesto el foco en los “ataques” a miembros del Poder Judicial “procedentes de las autoridades políticas”, así como en las acusaciones de "lawfare” hacia jueces y fiscales, unas críticas que también vierten los“responsables de las instituciones políticas”. Para las organizaciones, estas prácticas, cada vez más habituales, “minan gravemente la confianza en la judicatura”.

En la reunión, consideraron "inadmisible que los jueces y fiscales sean llamados al Parlamento en comisiones parlamentarias que tienen por objeto investigarlos”. Estas comisiones, al igual que las acusaciones de “lawfare”, figuran en el acuerdo entre PSOE y Junts para que la investidura de Pedro Sánchez contase con los votos necesarios para salir adelante.

En el campo más operativo, también adelantaron que en diez años se jubilará un tercio de la Carrera Judicial. Este dato, junto con el hecho de que la media de jueces por habitante en España es de las más bajas de Europa, las organizaciones acusaron que “no existe planificada ninguna medida para hacer frente a la falta de jueces”. Esto tiene graves consecuencias sociales, señalan, porque la escasez de jueces y fiscales “afecta a la persecución de delitos y al derecho a un juicio justo sin demoras”.

Politización de la Justicia

En cuanto a la politización de la Justicia, alertaron de los aforamientos que, desde su punto de vista, constituyen un “régimen privilegiado de enjuiciamiento para políticos” y que tiene como consecuencia un empeoramiento en la percepción de que la Justicia está sometida a la política.

A esta imagen distorsionada y politizada también contribuye la promoción profesional de jueces y fiscales “basada en sistemas de nombramiento discrecional, poco transparentes”, que merma la confianza de la sociedad en el Poder Judicial y en la Fiscalía.

Otro aspecto que consideran que genera riesgos para la credibilidad de las instituciones judiciales son “las puertas giratorias entre política y Justicia”, que son “un grave problema en España para jueces y fiscales”. Las asociaciones señalaron que la Constitución establece un régimen de incompatibilidad para asegurar la total independencia; sin embargo, "la legislación que favorece el billete de ida y vuelta es problemática desde el punto de vista de la separación de poderes y de la necesaria independencia de los jueces y los fiscales en el fondo y en la forma”, subrayan.

Las cuatro organizaciones recordaron que desde hace décadas han pedido “medidas para despolitizar la Justicia y medios personales y materiales”. A pesar de ello, ningún gobierno ha mostrado voluntad real para solucionar estos problemas. Por ello, recalcaron la importancia de la que sociedad tome conciencia de que "no hay Estado de Derecho sin un poder judicial independiente y con medios”.

Informe sobre el Estado de derecho

Cada año, las asociaciones judiciales deben informar a la Comisión Europea sobre la situación del Estado de Derecho en el país, una función que se realiza en dos etapas. En la primera de ellas, se hace por escrito y cada organización envía un extenso cuestionario con las respuestas sobre lo más relevante del último ejercicio, con datos e información con los que se da cuenta de la situación que vive la democracia en España.

En la segunda fase, se agenda una reunión como la celebrada hoy. En ella se da un diálogo entre los distintos representantes para detallar y profundizar los aspectos que se plantearon con anterioridad por escrito.