El juez acelera los interrogatorios a tres exjefes de ETA por el asesinato de Gregorio Ordóñez

El magistrado de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge quiere tomar cuanto antes declaración a tres de los cinco exjefes de ETA investigados por el asesinato de Gregorio Ordóñez en 1995 -José Javier Arizcuren Ruiz, "Kantauri", Julián Achurra, "Pototo" y Juan Luis Aguirre Lete, "Isuntza"-, porque considera que no es necesario contar con el permiso de Francia para citarles como imputados por esta causa.

En la resolución en la que acuerda prorrogar la instrucción seis meses más, hasta el 29 de enero del próximo año, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 del citado tribunal asegura que "para el buen fin de la instrucción resulta necesaria y legalmente obligatoria" la declaración como investigados de los tres exdirigentes etarras. El instructor también tiene pendiente, recuerda, pronunciarse sobre la petición de procesamiento solicitada por la acusación popular que ejerce el PP.

Los otros dos exjefes etarras investigados -Ignacio Gracia Arregui, "Iñaki de Rentería", y Mikel Albisu, "Mikel Antza", negaron cualquier responsabilidad en el atentado que costó la vida al portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián en una declaración por videoconferencia desde los juzgados de San Sebastián.

El antecesor de De Jorge al frente de la investigación, Alejandro Abascal, había recabado precisamente de las autoridades francesas "el estado de tramitación" de las tres OEDE cursadas en 2015 respecto a estos tres investigados, al entender que el país vecino debía dar su visto bueno para que se les interrogue en relación con este atentado, por el que no fueron entregados.

Anticipa que no acordará prisión

Pero, ahora, el actual instructor defiende que "concurre en todos ellos la innecesariedad del procedimiento de consentimiento" dado que no piensa acordar su prisión provisional por esta causa. De hecho, De Jorge mantiene que la fecha de estas citaciones por videoconferencia (declararán desde los centros penitenciarios donde cumplen condena) "se acordará una vez controlada la agenda de señalamientos de este juzgado".

El magistrado de la Audiencia Nacional esgrime el apartado 3c) del artículo 27 de la Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, que exime de solicitar el consentimiento del país que autorizó la entrega del reclamado para investigarlo por una causa distinta a la que motivó esa entrega "cuando el proceso penal no concluye con la aplicación de una medida restrictiva de la libertad individual de la persona".

Además, saca a colación una sentencia de diciembre de 2008 de la Sala Tercera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) -asunto Leymann y Pustovarov- que precisa que esa excepción al principio de especialidad se refiere "a una situación en la que el procedimiento penal no da lugar a la aplicación de ninguna medida restrictiva de la libertad individual" durante la fase de instrucción o de enjuiciamiento.

"Es viable"

Por lo tanto, concluye, "es viable oír en declaración a los investigados con asistencia letrada, advirtiendo desde este momento que no se adoptará ninguna medida cautelar personal contra ellos".

A la espera de estos interrogatorios, el magistrado asegura que "resulta evidente" la "imposibilidad de finalizar la investigación antes del 29 de julio" (mañana concluye el plazo de seis meses acordado en la última prórroga), "pues las diligencias ya acordadas, y otras que resultan necesarias adoptar de oficio completando aquellas, escapan del ritmo de trabajo de este órgano judicial". De ahí que vea "razonable y realista ampliar seis meses más la investigación".

La investigación judicial señala que tras la caída de la cúpula de ETA en Bidart (Francia), "Iñaki de Rentería" y Mikel Albisu fueron los encargados de reorganizar "estructural y operativamente" la banda terrorista, sumando a la dirección a "Kantauri", Aguirre Lete y "Pototo" entre finales de 1994 y 1995.

En ese periodo, el comité directivo etarra impulsó a partir de julio de 1993 una campaña para desestabilizar al Estado atentando contra militantes del PP y PSOE con el objetivo de forzar al Gobierno a negociar. Es precisamente en el ámbito de esa "estrategia de desestabilización" en la que se ordena el atentado contra Ordóñez. Los investigadores señalan que la decisión de atentar contra políticos como "objetivos prioritarios" se adoptó desde la cúpula etarra "de forma colegiada".

Una conclusión que corroboraron ante el anterior instructor dos etarras arrepentidos en el marco de una pieza secreta del procedimiento, asegurando que era la cúpula terrorista la que daba la orden a los "comandos" cuando los objetivos eran políticos.

Además de la Fiscalía, en esta causa están personadas como acusaciones populares el PP, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia, además de Consuelo Ordóñez, la hermana del que fuera portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián, que propició la reapertura de la causa.