Fraude en los contratos

La juez envía a prisión al expresidente de Melilla Mustafá Aberchán por la compra de votos

También decreta prisión para el exconsejero de Distritos de la Ciudad Autónoma en la etapa del Ejecutivo de coalición

El presidente de CPM, Mustafa Aberchán, uno de los seis detenidos en Melilla
El presidente de CPM, Mustafa Aberchán, uno de los seis detenidos en MelillaEuropa Press

La juez ha decretado prisión sin fianza para el líder de Coalición por Melilla (CPM) y expresidente de la ciudad autónoma, Mustafá Aberchán, y para Mohamed Ahmed, exconsejero de Distritos de la Ciudad Autónoma en la etapa del Ejecutivo de coalición. Ambos declararon por videoconferencia desde Santander y Granada, respectivamente, donde fueron detenidos.

En total, son ocho los ex altos cargos del anterior Gobierno que fueron arrestados en el marco de la «operación Santiago-Rusadir». Entre ellos, Aberchán y otros siete responsables por su implicación en la presunta compra de votos en las pasadas elecciones autonómicas y por fraude en varios contratos públicos, entre otras irregularidades. Los hechos investigados se habrían producido cuando esta formación gobernó con PSOE y Eduardo de Castro, expulsado de Ciudadanos, desde 2019 a 2023.

La operación sigue abierta. Hoy también se saldó con un nuevo arresto, el de la exconsejera del Menor y Familia Cecilia González, que fue conducida a dependencias de la Jefatura Superior de Policía a espera de su puesta a disposición judicial. La noche del martes la juez del caso ordenó el ingreso en prisión de otros cuatro ex altos cargos del anterior Ejecutivo melillense, a quienes se les atribuyen delitos de fraude en la contratación, prevaricación, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal, según el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la ciudad autónoma.

La juez también acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de cuatro de los primeros siete detenidos. A última hora del martes se ordenó el traslado al Centro Penitenciario de Melilla del actual vicepresidente segundo de la Asamblea de Melilla y exconsejero de Infraestructuras, Urbanismo y Deportes Rachid Bussián; de la diputada y exconsejera de Hacienda, Empleo y Comercio Dunia Almansouri; del exconsejero de Medio Ambiente Hassán Mohatar; y de la exviceconsejera de la Línea Verde, Yonaida Se-lam. En este último caso, con la posibilidad de salir en libertad con cargos bajo fianza de 5.000 euros, aunque hasta ayer esta cantidad no había sido ingresada, por lo que la investigada permanecía en prisión provisional al igual que los demás. Una quinta investigada, la exviceconsejera del Mayor y actual diputada de CPM Fatima Mohamed Kaddur, que fue detenida en Barcelona, finalmente fue puesta en libertad provisional por un juez de la Ciudad Condal, que estableció la obligación de comparecer periódicamente en sede judicial. Los dos detenidos restantes fueron Aberchán y Ahmed. Tras comparecer ante la magistrada por videoconferencia, finalmente se ordenó su ingreso en prisión a última hora de ayer.

El juzgado continuaba el miércoles por la noche tomando declaración a otros detenidos por su supuesta vinculación con la trama que sacude a la ciudad africana.

[[H2:«Muy grave»]]

El actual presidente de la ciudad autónoma, el popular Juan José Imbroda, destacó «la magnitud de los presuntos delitos» y calificó de «muy grave» la información que se está conociendo sobre las prácticas irregulares que habrían cometido los más altos dirigentes del anterior Ejecutivo. También señaló como «cooperadores necesarios» a quienes fueron socios políticos de CPM en la pasada legislatura, PSOE y Eduardo de Castro. Les reprochó su «responsabilidad política» porque considera que estos hechos no se habrían producido «si ellos hubiesen querido». También reafirmó el compromiso del actual Gobierno que lidera con la transparencia y colaborará para esclarecer los hechos que han sacudido Melilla.

Hasta ayer, el operativo seguía abierto, por lo que se practicaron más registros y otras diligencias por parte de los agentes de la Policía en relación con empresarios, contratistas e intermediarios vinculados con las supuestas irregularidades que se habrían cometido en los contratos públicos.