El juez Llarena pide explicaciones a Interior y los Mossos por el «fracaso» de la nueva fuga de Puigdemont

El juez instructor de la causa del «procés» en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, reclamó ayer en sendas providencias a la cúpula de los Mossos d’Esquadra y al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, las explicaciones pertinentes sobre el operativo policial que se desplegó este pasado jueves para detener al expresident catalán Carles Puigdemont, que tiene activa una orden detención en territorio nacional, con el fin de conocer «los elementos que determinaron su fracaso desde un aspecto técnico policial».

El magistrado pidió al Gobierno y a los mandos superiores de los Mossos que le informen de quiénes fueron «los agentes responsables del diseño del operativo» a cargo del Cuerpo policial autonómico catalán y que se dilucide quiénes fueron «los responsables de su aprobación».

También quiere conocer la identidad de los miembros de los Mossos a los que se encomendó «su ejecución o despliegue operativo» durante la mañana del jueves, en la que el prófugo dio un discurso ante al menos 3.000 seguidores desde un escenario que se montó ante la fachada del Arco del Triunfo de Barcelona. Un operativo que arrancó horas antes de su aparición en territorio español tras casi siete años huido.

En concreto, al departamento del socialista Grande-Marlaska le solicita explicaciones y detalles sobre las características del dispositivo policial que se habría «dispuesto» tras su fuga a toda velocidad «para su detección en la frontera» española con Francia y consecuente arresto y puesta a disposición judicial. El magistrado del Supremo quiere saber qué «órdenes fueron cursadas» desde Madrid, ante la presencia y posterior desaparición del político posconvergente.

Y, como con los Mossos, demandó la identificación de «los agentes responsables del diseño del operativo, de los responsables de su aprobación y de aquellos a los que se ha encomendado su ejecución o despliegue operativo».

La intención del instructor de la causa es poder esclarecer, con estos datos que ha requerido, cómo el líder de Junts logró «evadirse» al finalizar su intervención y, con ello, «eludir» la orden de detención que la Sala Segunda del Supremo dictó –y sigue vigente– en su contra por su responsabilidad en el desafío soberanista que protagonizó la Generalitat de Cataluña que él presidía en octubre de 2017.

Todo ello, acabó por señalar el juez del Alto Tribunal en ambas providencias, «habiendo tenido conocimiento» de que el «procesado» y declarado «en rebeldía», Carles Puigdemont, «estuvo presente» el jueves en la capital catalana y «protagonizó un acto público en las inmediaciones del Parlament de Cataluña».

La bautizada como «Operación Jaula» falló, pese a que fueron varios centenares –casi 400– los agentes que estuvieron desplegados antes y durante la presencia de Puigdemont en las inmediaciones del Parlament de Cataluña, y más aún –se activó, según los sindicatos policiales, a mossos que estaban de vacaciones– a los que se movilizó con este dispositivo para tratar de interceptarlo en su fuga fuera del territorio nacional.

Ni las cuatro horas de controles en carreteras, el cierre de las salidas de la capital o el rastreo de las matrículas de los vehículos en los que podría desplazarse sirvieron para dar con el expresident.

Está por ver el alcance de la asunción de responsabilidades, que, de momento, descartan en Mossos, al igual que en el Ministerio del Interior. El juez podría dar traslado de las diligencias recabadas al juzgado competente para la instrucción de una causa sobre las responsabilidades penales de los mandos o cargos públicos.