La defensa de la mujer del presidente del Gobierno, que ejerce Antonio Camacho, pidió, una vez más, el archivo de la pieza separada de la causa que analiza si hubo un delito de malversación de caudales públicos en que la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, hiciese gestiones de la actividad profesional privada de Begoña Gómez.

El letrado de la esposa de Pedro Sánchez defendió que este ilícito penal tiene que cometerlo un funcionario público y –aseguró– que, en ningún caso, se puede considerar que ella lo sea. Camacho insistió en que no pudo haber un desvío de recursos públicos, dado que la asesora cumplió en todo momento con las funciones que tiene encomendadas, sin que en ello hubiese influido que hiciese ciertas gestiones de la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

De igual forma, tanto el Ministerio Fiscal como las representaciones letradas de la alto cargo imputada y del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, al que representa la Abogacía del Estado, reclamaron el sobreseimiento de las actuaciones en su contra.

El fiscal apuntó también a que Gómez no es trabajadora pública y la asistente es personal eventual, por lo que no podrían haber incurrido en el delito de desvío de fondos públicos por funcionarios. En lo relativo a Martín, se plegó a la Abogacía para destacar que «no se advierte» que haya tenido «relación con los hechos».

El abogado de Álvarez, José María de Pablo, quiso insistir en que su clienta no puede ser responsable de la malversación y que, en todo caso, sería «la víctima» de este delito. En su intervención, dejó claro que él habla solo por y en defensa de su representada.

Por su lado, el abogado del Estado deslizó que la responsabilidad no recaería sobre Martín y sí sobre sus antecesores en el cargo. En sala, se expuso que la asesora depende, en la práctica, del jefe de gabinete del presidente, y no de la Secretaría General.

La acusación popular unificada, que lidera Hazte Oír, solicitó en la vista la práctica de nuevas diligencias de investigación que consideran imprescindibles. Quiere que vuelva a comparecer como testigo el propio Sánchez y el actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Hay que recordar que Bolaños fue el primer responsable de la Secretaría General de Presidencia, a la que está adscrita formalmente Álvarez desde que fue nombrada directora de Programas en julio de 2018. El Tribunal Supremo ya rechazó investigarle por ello.

Según trasladan solventes fuentes jurídicas a LA RAZÓN, el fin de estas dos testificales es esclarecer el volumen del desempeño que llevó a cabo Álvarez en la vida privada de la esposa de Sánchez.

También requirió al juez Peinado que interrogue a la que, sobre el papel, es la superior jerárquica de la asesora. Se trata de la actual secretaria general, Judit González, la única de los que han tenido estas responsabilidades que nunca ha comparecido.

Además, buscando esclarecer cómo se fraguó su contratación, la acusación solicitó que se celebre el careo entre la asistente y el alto cargo que firmó su nombramiento, el que fuera vicesecretario general de Presidencia, Alfredo González. Se llegó a convocar para el pasado abril, pero el viaje a EEUU que alegó tener la asesora impidió su celebración y nunca más se recuperó su práctica.

Como documentales, la acusación popular pidió que se aporten las declaraciones de la renta de Álvarez desde que entró en el Ejecutivo hace ya siete años, información de su situación patrimonial, así como su vida laboral previa.

Por último, la acusación quiere que vuelva a declarar como testigo el exvicerrector de la UCM Juan Carlos Doadrio, que fue el que reveló que la alto cargo era la que ejercía de interlocutora a la hora de abordar numerosas cuestiones de la cátedra.

El siguiente paso es que, en los próximos días, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid decida si accede a esta batería de peticiones de la acusación y cuáles de todas ellas son las que aprueba llevar a cabo.

Tardará en resolver esta cuestión más de los cinco días previstos –tal y como dejó claro en sala– porque afronta, en este momento, una gran carga de trabajo. Siguen pendientes los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Uno, con el que, tras analizar el registro de llamadas del teléfono profesional de Álvarez, se aclarará si, desde que fue nombrada en julio de 2018, mantuvo comunicaciones telefónicas con las empresas privadas que patrocinaron la extinta cátedra extraordinaria de Gómez (Reale Seguros y Fundación La Caixa).

O con las compañías que desarrollaron, de manera altruista, el software informático (Telefónica, Indra, Google y Manpower) del que se analiza –en la parte principal del procedimiento– si se pudo apropiar indebidamente la esposa de Sánchez.

El otro informe de la Guardia Civil expondrá el contenido de los más de 200 correos electrónicos que el vicerrector Doadrio dijo haber intercambiado con la asistente de Gómez. Como confirmó este diario, los agentes han recibido ya los mails y ahora se encuentran analizándolos. Estas comunicaciones son claves y pueden dejar al descubierto que, en efecto, las gestiones que hizo la asesora vinculadas a la actividad laboral no eran «favores puntuales».