El juez Peinado imputa a Begoña Gómez malversación por la asesora de Moncloa y la vuelve a citar

El juez Juan Carlos Peinado imputa a la mujer del presidente del Gobierno un quinto delito, esta vez malversación de caudales públicos, por las gestiones privadas que para ella realizó la asesora de Moncloa Cristina Álvarez, vinculadas a la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

El instructor del "caso Begoña Gómez" la cita para volverla a interrogar el próximo 11 de septiembre. Será la cuarta vez que se siente frente al juez, aunque, en esta ocasión, solo le preguntará por la supuesta "desviación de fondos públicos en favor de intereses privados" vinculados a esta actividad profesional de la esposa de Pedro Sánchez.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid también imputa este nuevo delito a la alto cargo del Gobierno y, con ello, un día antes que su jefa, Álvarez tendrá que declarar como investigada por este delito de malversación.

Hasta ahora, solo estaba siendo investigado en esta pieza separada de la causa el delegado del Ejecutivo en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, por haber sido el máximo responsable de la secretaría general de la Presidencia, de la que dependía formalmente la asesora, cuando pidió fondos a empresas privadas para la cátedra extraordinaria o realizó consultas sobre el registro del software a funcionarios de la UCM.

En un nuevo auto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el juez Peinado se apoya en que los magistrados madrileños apuntaron a Álvarez también tendría "responsabilidad", a nivel penal, tras presuntamente haberse sobrepasado en el desempeño de sus funciones públicas "para favorecer el plan delictivo" de Gómez, en el plano del tráfico de influencias.

Esto es que la trabajadora de Moncloa habría participado en que Gómez presuntamente se prevaliese de su condición de mujer del presidente para, por ejemplo, obtener dinero para financiar la ya extinta cátedra de Transformación Social Competitiva. O en relación con el empresario Juan Carlos Barrabés, también investigado en este procedimiento, y de cuyas empresas también se habría "valido" la mujer de Sánchez.

La malversación que se investiga estaría en que -como recuerda el instructor, citando a la Audiencia de Madrid- se habrían "desviado medios públicos" (principalmente, el sueldo que Álvarez cobra de la Administración) para ponerse "indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados" de la actividad laboral de la mujer de Sánchez.

Concretamente, mientras que sus labores como directora de Programas se limitan a la "gestión de la agenda, del correo, dar soporto de seguridad y protocolo", Álvarez se habría excedido al ejercer de interlocutora con la dirección de la Complutense para abordar, en nombre de Gómez, asuntos de la cátedra. Pero también porque solicitó directamente a la directora de comunicación de Reale Seguros la continuación de la compañía como patrocinadora económica de la cátedra.

No olvidó la Audiencia madrileña, y así lo incluye Peinado en su nuevo auto, que la propia asesora declaró en sede judicial que a ella la había contratado Gómez, dado que mantenía, con ella, una "amistad personal" desde hace años. "Siendo (esta) la razón de su nombramiento en el cargo de máxima confianza, sirviendo a las actividades privadas de Gómez".

La instancia superior a Peinado puso especialmente el acento en que esta "desviación" de recursos estatales a favor de los intereses de Gómez habría tenido lugar "dentro de una estructura institucionalizada de poder que sirve para reforzar la indudable influencia como es la Presidencia del Gobierno.