El juez Juan Carlos Peinado ha pedido al Tribunal Supremo (TS) que impute al ministro Félix Bolaños por malversación y falso testimonio en relación a la contratación como asesora de Moncloa de Cristina Álvarez, que llevó a cabo labores de asistenta personal de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, en sus actividades profesionales vinculadas a la cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

En su exposición razonada remitida a la Sala Penal del Tribunal Supremo, el instructor del "caso Begoña Gómez" afirma que la investigación puesta en marcha en su juzgado apunta que Cristina Álvarez fue nombrada como personal eventual, con funciones de directora de Programas, "para asistencia a la esposa del presidente del Gobierno", habiendo realizado "funciones de atención" a Begoña Gómez "de carácter estrictamente privado, al margen de cualquier acto de carácter público o protocolario que pudiera tener por su condición de esposa del presidente del Gobierno". Y todo ello, añade, "percibiendo retribuciones con cargo al patrimonio público".

Peinado considera que la posible participación de Bolaños en el nombramiento de la asesora de Moncloa está "en íntima conexión con otras personas no aforadas". Para el juez, el ministro de Pedro Sánchez "ha podido participar directamente" en esa designación y "ha conocido o no ha controlado las tareas llevadas a cabo" por Álvarez. Y en su declaración como testigo, señala, "ha omitido, con reticencias maliciosas, las correctas contestaciones, que respondieran a una verdad que conocía, cuando se le han hecho preguntas".

"No ha contestado a la verdad"

A este respecto, asegura que Bolaños "no ha contestado a la verdad, que conocía, en su testimonio, prestado bajo juramente, como testigo" en su declaración del pasado 16 de abril. Por lo que cree que puede haber incurrido no solo en un delito de falso testimonio, sino también de malversación de fondos públicos por la contratación de Cristina Álvarez con dinero público para llevar a cabo tareas relacionadas con la actividad privada de Begoña Gómez (la investigación ha puesto de relieve que gestionó la renovación del patrocinio de la cátedra que codirigía en la Complutense por parte de Reale Seguros).

Peinado asegura que dada la condición de aforado del ministro de Presidencia y justicia, no puede llevar a cabo las diligencias necesarias para esclarecer los hechos, entre otras su toma de declaración como investigado o la petición de diversa documentación existente en los archivos de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno "relacionada con el nombramiento y la propuesta de nombramiento de Cristina Álvarez".

Puesto de "cometidos difusos"

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid considera la actuación de Bolaños -que en su declaración ante el juez se desvinculó de ese nombramiento y no supo identificar al responsables del mismo- es "inescindible" de todas las conductas llevadas a cabo por otros investigados en relación con esa designación de Cristina Álvarez, a quien atribuye una "colaboración activa en los fines perseguidos por la principal investigada", Begoña Gómez, imputada por tráfico de influencias, entre otros delitos.

Se refiere a las personas "que han venido teniendo desde su nombramiento, alguna responsabilidad, tanto con dicho nombramiento como con el posterior mantenimiento de su condición de directora de programas". Un puesto, subraya, con "cometidos difusos y escasamente concretados y siempre percibiendo sus retribuciones con cargo a partidas presupuestarias de carácter público".

Con el objetivo, recalca, de desarrollar actividades "de carácter privado" y "en ningún caso de carácter institucional o sin ánimo de lucro" (Álvarez acompañaba habitualmente a Begoña Gómez a sus reuniones con responsables de la UCM para tratar temas relacionados con su cátedra extraordinaria).