El juez Juan Carlos Peinado da nuevos pasos en la línea de investigación sobre la cátedra extraordinaria que codirigía Begoña Gómez.

El instructor reclama, ahora, a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) toda la información 'clave' sobre la contratación de la que era su coordinadora, Blanca de Juan de Castro.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, en un auto con fecha de ayer al que ha tenido acceso LA RAZÓN, exige a la Escuela de Gobierno de la universidad que "a la mayor brevedad posible" y "dentro del plazo de 10 días", de cuenta de cómo fue el proceso que antecedió que De Juan fuese escogida para encargarse de labores de organización de la cátedra que encabezaba la mujer del presidente del Gobierno.

Quiere saber "quién la contrató", "dónde tenía físicamente su puesto de trabajo" y "cuál fue el proceso de selección" para la contratación de la que fuera "número dos" de Gómez.

También rastrea "cuáles eran las funciones que tenía encomendadas" y "qué retribución tenía y con cargo a qué partida presupuestaria", se entiende que este extremo va dirigido a conocer si cobraba de la UCM o de los fondos propios de la cátedra.

Además, advierte el juez Peinado de que la respuesta de la UCM con toda esta serie de detalles sobre la relación profesional con De Juan debe ir firmado por el director o máximo responsable de la Escuela de Gobierno.

Las diligencias sobre las que decidirá tras las declaración

El instructor del "caso Begoña Gómez" apunta en este nuevo auto a que, de momento, no decidirá sobre la procedencia de llamar a declarar como testigos a tres personas más vinculadas a la cátedra, que pidieron las acusaciones populares, tal y como ha podido confirmar este diario.

El juez esperará a que se practiquen las testificales pendientes en torno al software que investiga si se apropió indebidamente Gómez para decidir si las desecha o accede a ellas.

Las acusaciones populares, unificadas en Vox, le solicitaron que citase al corredor de seguros y amigo personal del presidente del Gobierno, David Sanza, que ejerció de intermediario entre la mujer de Pedro Sánchez y Reale Seguros para la financiación de su cátedra.

Así como a Isabel García-Lomas, que trabajó para otro de los imputados, el empresario Juan Carlos Barrabés, y fue profesora en dos ediciones de uno de los másteres de la mujer del secretario general socialista, y, por último, a María José Sánchez Rosales, la gerente de la Escuela de Gobierno de la Complutense.