Atentado de Santa Pola: el juez pide permiso a Francia para procesar a Olarra Guridi

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha solicitado autorización a Francia para procesar al exdirigente de ETA José Antonio Olarra Guridi por su supuesta responsabilidad en el atentado de Santa Pola (Alicante), en el que ETA asesinó el 4 de agosto de 2002 a la niña Silvia Martínez Santiago, de seis años, y a Cecilio Gallego.

El titular del Juzgado de Instrucción número 6, que considera acreditada "su integración en la cúpula ejecutiva de la organización" en la fecha del atentado, le imputa dos delitos de asesinato terrorista, 51 en grado de tentativa y estragos terroristas.

Si la Audiencia Nacional recibe el plácet galo, se trataría del primer procesamiento de un exjefe de ETA como autor mediato de un atentado cometido mientras formaba parte de la cúpula de la organización terrorista, tras la querella interpuesta por Dignidad y Justicia (DyJ) contra seis exjefes de la banda criminal. En esa denuncia, el abogado Miguel Ángel Rodríguez Arias defendía la responsabilidad de los integrantes de la Zuba o comité ejecutivo de ETA en el atentado por la posición de dominio que ostentaban en la banda terrorista, que al margen de que dieran o no la orden les habría permitido impedir la acción criminal.

Por este atentado están siendo investigados, además, los también exjefes etarras Ainhoa Múgica, Félix Ignacio Esparza, Mikel Albisu "Mikel Antza", Ramón Sagarzazu y María Soledad Iparraguirre, "Anboto". Precisamente esta última y Ainhoa Múgica están citadas a declarar el próximo viernes en relación a estos hechos.

El etarra se acogió al principio de especialidad

En su comparecencia ante el juez por videoconferencia, Olarra Guridi se acogió al principio de especialidad, que impide que sea investigado en una causa por la que no fue entregado en su día, como sucede en este caso (cuando Francia accedió a su entrega no había sido imputado aún por estos hechos).

De ahí que el instructor se vea obligado a solicitar la autorización francesa. En la resolución, García Castellón acuerda por tanto "recabar de las autoridades competentes de Francia el consentimiento" necesario "para el procesamiento del investigado Juan Antonio Olarra Guridi". El magistrado deja claro que "para poder procesar por los hechos nuevos a la persona que se acoge al principio de especialidad, resulta necesario la emisión de una segunda orden de detención europea".

En consecuencia, ordena que se libre una OEDE (Orden Europea de Detención y Entrega) "a las autoridades de Francia que acordaron la entrega a España" del exdirigente etarra, "comunicando a dichas autoridades que el mismo ha manifestado en declaración judicial que no accede a ser entregado a España por estos hechos ni renuncia al principio de especialidad".

El jefe del "aparato militar" que sustituyó a "Txapote"

Según expone en ese auto García Castellón basándose en los informes policiales, Olarra Guridi -alias "Juanvi", "Jon", "Jokin" y "Fede"- fue el responsable del "aparato militar" de la banda terrorista en el momento de la comisión del atentado. Una responsabilidad que ejercía desde el 22 de febrero de 2001, cuando fue detenido Javier García Gaztelu, "Txapote", su predecesor en el cargo, y Ainhoa Múgica. Olarra Guridi se mantuvo como jefe de los "comandos" hasta el 16 de septiembre de 2002, cuando fue detenido en Talance (Francia).

Desde esa posición, asegura el instructor, "fue el encargado de impartir las órdenes para cometer atentados a los comandos que operaban en España, resultando por tanto responsable de esta estructura, también conocida como Otsagi".

Para el magistrado, como dirigente de ETA que controló el "aparato militar" de la organización terrorista, Olarra Guridi "estaba integrado en su comité ejecutivo en la fecha del atentado", acción criminal que -recuerda- fue reivindicada por ETA en un comunicado hecho público en el diario Gara el 14 de agosto de ese año.

"Decisión colegiada"

Por este atentado ya fueron condenados en 2012 los etarras Oscar Celarain y Andoni Otegui, exintegrantes del "comando Argala", como autores directos de dos delitos de asesinato consumado, 51 asesinatos intentados y un delito de estragos terroristas.

En octubre del pasado año, la Guardia Civil -como hizo la Policía posteriormente- señaló por su presunta responsabilidad en el atentado a los seis exdirigentes etarras contra los que se querelló Dignidad y Justicia, forzando la reapertura de la causa. El comité ejecutivo o Zuba -aseguraba el Instituto Armado- "era el órgano de dirección donde se decidían, planificaban, coordinaban y autorizaban" los atentados, por lo que la decisión de atentar en Santa Pola "no pudo ser tomada por un miembro concreto o aislado del comité ejecutivo de ETA, sino que debió requerir del consenso y de la toma de una decisión colegiada".

En la querella de DyJ, Rodríguez Arias señalaba que los integrantes de la Zuba, al disponer de "suficiente capacidad de mando y de decisión" pudieron "haber evitado el desenlace último de hacer detonar el coche-bomba contra el acuartelamiento".