El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre la petición del PSOE de que se aclare si la orden judicial del pasado 26 de noviembre de entregar la documentación de todos los pagos en metálico en Ferraz desde 2017 incluye únicamente a los investigados o a todos los empleados y colaboradores del partido.

Tras las pegas del PSOE, el instructor del "caso Koldo" quiere que Anticorrupción "informe sobre la aclaración" que solicita la formación socialista, para la que obligarle a desvelar todos esos datos sin acotarlos al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, a la protección de datos y a no revelar la pertenencia a una asociación o partido político.

Ferraz quiere que el magistrado precise si esa petición de documentación, ante la falta de correlación de algunos desembolsos con los datos que facilitó previamente el PSOE al Tribunal Supremo (que dejó en manos de la Audiencia la investigación de esos pagos en sobres), afectan solo a el exministro y quien fuera su asesor -ambos en prisión incondicional desde el pasado jueves- o, por el contrario, se extiende a "todas las personas -cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios- que realizaron pagos en nombre del PSOE, junto con la aportación de toda la documentación justificativa de tales gastos".

"Graves derivaciones"

El PSOE, que ejerce la acusación popular (posición procesal de la que el PP intentó apartarle sin éxito ante lo que considera una irremediable imputación del partido por los hechos investigados), advirtió a Moreno de las "graves derivaciones" -jurídicas, procesales, personales y de protección de datos- que acarrearía la aportación al procedimiento "de todos los pagos realizados en metálico a todas las personas" vinculadas con el partido entre 2017 y 2024 (como ha reclamado el instructor).

Y es que de hacerlo así, señaló, se estarían reclamando al PSOE los justificantes "de todos los gastos adelantados a favor del partido por dirigentes,

trabajadores, militantes y simples simpatizantes o voluntarios".

Reclamar esos pagos y, por consiguiente, todos los gastos adelantados -incidía- podría tratarse de una medida "prospectiva y carente de justificación, al extender la investigación a hechos y personas sobre las cuales no recae sospecha alguna", lo que en su opinión vulneraría el derecho a un proceso con todas las garantías.

Vulnera su deber de confidencialidad

En esos ocho años, puso de manifiesto el PSOE, han sido "innumerables" los cargos, trabajadores, afiliados, simpatizantes o voluntarios "que han colaborado adelantando al partido gastos que luego les fueron compensados". Así que entiende que entregando toda esta información "de forma acrítica y sin motivación material" Ferraz "estaría vulnerando su deber de confidencialidad y custodia de datos".

Asimismo, sostiene que el requerimiento judicial infringe en esos términos el derecho de la libertad ideológica, que incluye el derecho a no declarar sobre la ideología, religión o creencias y, consecuentemente, "a no declarar la pertenencia a una asociación legalmente constituida".

Para el PSOE está claro que "no hay motivo en Derecho por el cual todas estas personas deban ver revelada su identidad y su actividad a favor del partido, como tampoco hay derecho a reclamar al PSOE que entregue toda esta información, enormemente sensible, para que termine en los archivos del Partido Popular, de VOX y de Hazte Oír, nada menos".