Audiencia Nacional

El juez propone sentar en el banquillo a Villarejo, Redondo y un empresario por un encargo de 400.000 euros

El magistrado les imputa un delito de cohecho y otro de falsedad documental por unos trabajos de espionaje en 2012

El comisario jubilado José Manuel Villarejo a su llegada a la primera sesión de un juicio en la Audiencia Provincial de Madrid, a 8 de noviembre de 2022, en Madrid (España)
El comisario jubilado José Manuel Villarejo a su llegada a la primera sesión de un juicio en la Audiencia Provincial de Madrid, a 8 de noviembre de 2022, en Madrid (España)Isabel InfantesEuropa Press

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha propuesto sentar en el banquillo al comisario José Manuel Villarejo, a su exsocio Rafael Redondo y al empresario Antonio E.C. por delitos de cohecho y falsedad en documento mercantil uno de los encargos en el marco del “caso Tándem”. En concreto se trata de la línea de investigación (pieza) número 29 conocida como “proyecto Grass” y que supuso un embolso para el policía jubilado de 400.000 euros, como dice el escrito que encamina el procedimiento al juicio al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Según el relato que hace el juez, el empresario contrató el 4 de octubre de 2012, al despacho de abogados Stuart & Mckenzie, que estaba dirigido entonces por el comisario Villarejo. La intención era que investigara las relaciones que existían entre dos de sus competidores y descubrir si había vínculos en alguna influencia en un procedimiento concursal en el que estaba afectada la entidad Acisclo Gestión de Patrimonios, S.L., que era precisamente de Antonio E.C.

Uno de los espiados era el principal acreedor de la mercantil concursada y, a su vez, había sido el suegro del abogado. En el contrato, según consta acreditado, las partes fijaron el pago de una cuantía inicial de 90.000 euros para hacer frente a los gastos derivados al principio y añadieron otros 250.000 condicionados a los resultados.

El encargo se materializó en el “proyecto Grass” en el seno de la empresa Cenyt propiedad del policía jubilado. Dice el juez que en su ejecución Redondo tuvo una participación directa y que, finalmente, Cenyt percibió una cantidad superior a los 400.000 euros a través de distintas facturas. Estos tickets se emitieron “con la finalidad de ocultar que los servicios se habían prestado por un funcionario público que se encontraba en activo”, señala el juez en este escrito del 6 de febrero.

“En orden a la facturación, hubo varias conversaciones en que se diseñó la operativa de fraccionamiento de facturas, con la finalidad de no levantar sospechas en cuanto al circuito de los pagos, para lo que se puso de manifiesto por los intervinientes la necesidad de que el capital circulase por distintas sociedades, mediante pagos en el extranjero”, indica el magistrado. El escrito detalla todas y cada una de las facturas abonadas que hacen un total de 411.400 euros.

El juez imputa a Villarejo y a Redondo dos delitos, uno de cohecho pasivo y otro de falsedad en documento mercantil, mientras que al empresario le iphone uno de cohecho activo y el mismo de documento mercantil. Por otro lado, archiva la causa para Juan Vila-Coro que fue quien puso en contacto a los investigados porque “no existen elementos indiciarios suficientes que permitan atribuirle comisión” de delito. Termina así una pieza más de la macrocausa Tándem que se inició en 2017 y que ha contado con hasta 36 piezas separadas conocidas. Por el momento solo tres han llegado a juicio y están pendientes de sentencia. El fallo marcará el devenir de otras líneas de investigación en función de si el Tribunal da por bueno todo el registro a la casa del comisario.