El juez prorroga el 'caso hidrocarburos' de Aldama a la espera de que Hacienda cuantifique el fraude

El juez de la Audiencia Nacional que investiga una presunta operativa orquestada a través de Villafuel para defraudar el IVA en el sector de los hidrocarburos en la que habría participado, entre otros, el empresario Víctor de Aldama, ha prorrogado el 'caso hidrocarburos' al menos hasta finales de año pendiente del análisis de la "numerosa" documentación intervenida.

En una providencia el magistrado Santiago Pedraz explica que "la unidad policial encargada de las investigaciones" tiene todavía que examinar y presentar informe sobre los datos que fueron incautados en las entradas y registros efectuados en octubre y diciembre del pasado año.

"Asimismo, se han librado órdenes europeas de investigación a Portugal, estando pendiente la contestación por parte de las autoridades judiciales de este país. Y, por último, se han nombrado en auxilio judicial funcionarios de la Agencia Tributaria a fin de que procedan a la concreta cuantificación de las cantidades defraudadas a la Hacienda Pública", señala el instructor.

Así las cosas, el juez Pedraz -que comenzó a investigar en abril de 2021- acuerda extender la causa al menos hasta el 21 de diciembre de este año, a contar desde el día 21 del mes de junio, cuando expira el plazo de investigación, informa Europa Press.

En este procedimiento, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 indaga en un supuesto fraude cuantificado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en 231,7 millones de euros y que se habría realizado entre 2021 y 2024.

El fraude de los hidrocarburos

En uno de los atestados se explica el esquema básico de este tipo de fraude, y los agentes señalan que todo arranca cuando la organización criminal se hace con una operadora al por mayor de productos petrolíferos.

Esta operadora va a los depósitos fiscales -donde se almacena el producto- a comprar el combustible y en ese trámite solo abona los impuestos especiales pero no el IVA. Por ley, esa operadora solo debe mandar a la Hacienda Pública el IVA una vez que lo ha repercutido, o cobrado, a las gasolineras que le compran el producto a un precio más IVA.

Con esta base, el fraude consiste básicamente en dejar de ingresar el IVA que repercute, es decir, el IVA que recibe de las gasolineras, que son las minoristas. Y, puesto que la operadora no soporta prácticamente ningún IVA, las cantidades que deberían ingresar son cercanas a la totalidad de lo repercutido. Sin embargo, no lo abonan.

Si bien este es el esquema básico del fraude, según la UCO las organizaciones criminales han ido evolucionando en su estructura y métodos por la presión judicial y policial y ahora interponen nuevas mercantiles en el esquema.

El objetivo es "perfeccionar el velo de los que verdaderamente dominan la organización criminal" y "salvaguardar las operadoras de hidrocarburos de posibles inhabilitaciones" dado que obtener ese título de operador es complicado.