El juez quiere interrogar en Francia a una española casada con un yihadista

Esclarecer el cometido que desempeñaban en Siria para Daesh, si es que asumían alguno, para avanzar en la investigación contra Yolanda Martínez Cobos y Luna Fernández Grande, las dos españolas repatriadas el pasado enero desde el campo de acogida sirio de Al Hawl. Ese es el objetivo del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien según fuentes jurídicas ha solicitado a Francia permiso para desplazarse al país vecino para interrogar a Loubna Fares, española de origen marroquí como las dos anteriores –con las que convivió en el citado campamento controlado por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS)– y que, como ellas, estaba casada con un yihadista, en su caso Navid Sanati Koopaei, también con nacionalidad española.

Con ese testimonio, el instructor confía en arrojar más luz sobre el papel que jugaron las dos mujeres investigadas por un delito de integracion en organización terrorista de carácter yihadista y a las que el magistrado envió a prisión provisional el pasado enero.

Ambas afirmaron que se limitaron a acompañar a sus maridos para cuidar de sus hijos, pero que en ningún caso se integraron en la disciplina de la organización terrorista de carácter yihadista. Pero Pedraz sí ve indicios de que tanto en España (antes de poner rumbo a Siria) como una vez en la zona de conflicto sirio-iraquí, llevaron a cabo diversas actividades a favor de Daesh, entre ellas el adoctrinamiento de sus hijos menores. Aunque el principal cometido que les asigna el ISIS, hacía hincapié el juez en el auto de prisión, es «la crianza de los hijos» como la «futura generación de combatientes», añadía que su papel es igualmente «activo y esencial» en la difusión de propaganda y en la «captación, reclutamiento y asistencia» a otras mujeres para conseguir que se unan a Daesh.

Investigadas desde 2014

Loubna Fares –quien como las dos españolas repatriadas figura como «foreign terrorist fighters (combatientes terroristas extranjeros)– nació en Bouznika (Marruecos), tiene 44 años y es madre de tres hijos (uno de ellos nació ya en la zona de conflicto) fruto de su matrimonio con Navid Sanati. Segun las fuentes consultadas, en la actualidad se encuentra en prisión en el país vecino.

Las tres mujeres y sus esposos fueron investigados en la Audiencia Nacional en 2014 por su integración en la Brigada Al Andalus, responsable de labores de radicalización, reclutamiento y posterior traslado a Siria e Irak de combatientes de Daesh (que se constituyó en junio de ese año) para la comisión de actos terroristas.

En julio de 2019, el instructor atribuyó a las tres mujeres delitos de integración o colaboración con organización terrorista y de desplazamiento a zona de conflicto y ordenó su busca y captura e ingreso en prisión. Para la Audiencia Nacional todas ellas compartieron y aceptaron «el mismo destino» que sus maridos, tanto en España como una vez en territorio controlado por el pseudocalifato proclamado por Abu Bakr al-Baghdadi.

Loubna Fares aparece junto a Yolanda Martínez, de 37 años (a quien se situaba en Siria desde 2014), y Luna Fernández, de 36, en un vídeo publicado en abril de 2019 por el diario El País, en el que la primera expresaba que estaba «muy contenta» porque les dieron una casa y a su marido (el supuesto terrorista de Daesh Omar el Harchi el Fertakh) «un trabajo en el juzgado del ISIS». El juez Pedraz apuntó en el auto de prisión que pese a sus intentos de desmarcarse de Daesh sus palabras «la delatan», ya que únicamente a los miembros de la organización terrorista se les cedía una casa y se les daba un trabajo en la incipiente administración del pseudocalifato.

"Visión radical y extremista del islam"

El instructor quiere indagar en las actividades que llevaron a cabo en Siria mientras vivieron acogidas por Daesh, una vez constatado su «rol clave» en el seno de la Brigada Al Andalus mientras permanecieron en España. A Luna Fernández –que se casó con el yihadista Mohamed el Amin Aabou, ya fallecido, con quien tuvo cuatro hijos, aunque se hizo cargo de otros tantos de otros muyahidines muertos en combate–, el juez le atribuye una «visión radical y extremista del islam».

En el citado vídeo, Luna aseguraba que como musulmana no iba a «renegar» de su religión. «Alá ha hecho una ley y Él sabe, nosotros no sabemos».

La necesidad de Daesh de constituir un Califato universal, argumentaba el juez, hace necesario atraer al Estado Islámico a musulmanes de todo el mundo, «profesionales de todos los sectores, hombres, mujeres y familias» –a quienes ofrecían salarios y vivienda– para vivir en comunidad «y expandirse». En ese contexto, la captación de mujeres, un fenómeno sin precedentes en el terrorismo yihadista, se antoja como «garantía de éxito a largo plazo de su proyecto de conquista», que pasa indefectiblemente por la «multiplicación de su población».