El juez reclama a Moncloa todos los correos de Begoña Gómez desde 2018 y ordena su análisis a la UCO

El juez Juan Carlos Peinado ha solicitado a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno que remita al juzgado copia de todos los correos electrónicos recibidos y enviados a la cuenta asignada a Begoña Gómez desde la llegada a Moncloa de su marido, Pedro Sánchez. A renglón seguido ordena que dicho material sea remitido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para su análisis.

Así lo acuerda el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid en una providencia, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, y en la que reclama, además, información relacionada con la asesora de Moncloa Cristina Álvarez. En concreto, solicita que se oficie a la Secretaría General de Presidencia para que aporten al juzgado el listado de personas que han desempeñado el cargo de Secretario General de Presidencia desde el 11 de julio de 2018.

El instructor se retrotrae a esa fecha por ser en la que nombraron a Álvarez para ocupar el puesto de directora de programas del Gabinete de Presidencia. Del mismo modo, requiere también a Presidencia que informe al juzgado de todas las personas que han autorizado y ordenado las retribuciones percibidas por Álvarez desde su nombramiento hasta la actualidad. Cabe recordar que Peinado imputó tanto a Álvarez como a Gómez un delito de malversación de caudales públicos por las gestiones privadas que la primera de ellas hizo sobre los negocios de la mujer de Pedro Sánchez.

Gómez declarará el 10 de septiembre

Peinado citó a Álvarez el 10 de septiembre y a Begoña Gómez un día después, si bien ha modificado la comparecencia de esta última después de que su abogado, Antonio Camacho, pidiera su suspensión por coincidirle con otro señalamiento en un juzgado de Tenerife. El instructor ha atendido su petición y ha cambiado el interrogatorio de Begoña Gómez para el mismo día que Álvarez pero a las 12.00 horas.

El pasado 18 de agosto Peinado imputó formalmente a Gómez y a Álvarez el delito de malversación de caudales públicos, aunque llevaba meses ya investigando las gestiones de la asesora de Moncloa. El instructor apoyó su decisión en una resolución de la Audiencia Provincial de Madrid en el marco de la cual se determinó que esta investigación, abierta por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, tendría que centrarse en si Álvarez "se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas".

Los magistrados marcaron de esta forma el camino a Peinado para esclarecer si las gestiones de Álvarez fueron encaminadas a "favorecer el plan delictivo de la investigada en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados".

La gestión de la asesora de Moncloa

Al respecto, recordaron que las funciones de Álvarez en su condición de asistente consistían en la gestión de la agenda, el correo y en dar soporte de seguridad y protocolo en cualquier desplazamiento o intervención en su condición de mujer del presidente del Gobierno. Sin embargo, constan en el sumario correos enviados por la propia Álvarez relacionados con actividades privadas de Gómez, como lo relativo a su cátedra y al máster que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid.

Es más, en alguno de los correos Álvarez se presentó como "colaboradora" de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de Begoña Gómez. Al respecto, obran otras comunicaciones que se cruzó con patronos de la cátedra en las que les solicitó que mantuvieran la financiación de la misma. A ello se añade la declaración que prestó en sede judicial el exvicerrector de la Unidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio, en la que dijo que departió con Álvarez y con Gómez sobre los honorarios del máster.

"Datos indiciarios, suficientes, en este momento procesal, de los que podría deducirse también la relación con las empresas del Grupo Barrabés, de las que supuestamente se valía la principal investigada, lo que supondría una clara desviación del cumplimiento de su función como personal eventual de la Administración", expuso la Audiencia Provincial en un auto reproducido por Peinado.

Igualmente, los magistrados se hicieron eco de la "amistad personal" entre Álvarez y la mujer de Pedro Sánchez la cual habría dado sentido al nombramiento de Álvarez nada más aterrizar el PSOE en el Gobierno. "(Ello) o que podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados, y lo que es más importante, ofrecidos dentro de una estructura institucionalizada de poder que sirve para reforzar una indudable influencia como es la Presidencia Del Gobierno", indicó la Audiencia.