El juez de Tsunami pide a la Guardia Civil que localice al diputado de ERC fugado a Suiza

Horas después de que trascendiera que la Fiscalía del Tribunal Supremo no ve indicios de terrorismo en la causa de Tsunami Democrátic, el juez Manuel García Castellón ha redoblado la investigación reclamando a la Guardia Civil que localice a Ruben Wagensberg, el diputado de ERC investigado que ha huido a Suiza y ampliando las comisiones rogatorias (peticiones de colaboración judicial internacional) para reforzar los indicios de terrorismo en la toma del aeropuerto del Prat en octubre de 2019 en respuesta a la sentencia del "procés".

El magistrado también aprovecha la resolución para dejar claro que su consideración de la existencia de un posible delito de terrorismo no es "ni mucho menos novedosa" ni sorpresiva", y mucho menos "acomodada a circunstancias ajenas a la investigación", como aseguran desde el independentismo al acusarle de "lawfare" (utilización espuria de la función jurisdiccional con fines políticos). García Castellón recuerda que esa calificación jurídica "se puede constatar desde poco después de acordarse la incoación de este procedimiento", en particular en un auto del 19 de noviembre de 2019, en el que "se apreció la presencia de unos hechos susceptibles de incardinarse en infracciones susceptibles de constituir una alteración grave de la paz pública". Y llama la atención sobre el hecho de que los indicios de terrorismo estaban también presentes en las comisiones rogatorias libradas a Suiza y Estados Unidos en diciembre de ese mismo año. Además, señala que su resolución del pasado julio hubo un pronunciamiento expreso, acogiendo "con integridad el criterio del Ministerio Fiscal", que luego rectificó aunque -enfatiza- sin recurrir esa decisión.

Ahora, el instructor acuerda ampliar la comisión rogatoria librada a Suiza para ahondar en "la financiación que la organización Tsunami Democràtic pudo recibir para materializar sus acciones".

Convenios internacionales contra el terrorismo

Para García Castellón, resulta necesario remitir a las autoridades helvéticas las informaciones facilitada por AENA y Enaire sobre el asalto al aeropuerto del Prat, que según señala "permiten consolidar la existencia de unos hechos susceptibles de tipificarse conforme a las infracciones previstas en el Convenio de Montreal de 1971 y el Protocolo de 1988", que consideran terrorismo las actuaciones que supongan "un peligro para la seguridad de las aeronaves en vuelo". Además, pide a Suiza que localicen a Wagensberg siempre y cuando la Guardia Civil constate que ya no se encuentra en nuestro país.

Del mismo modo, añade a esa solicitud de información el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo formalizado en Nueva York el 9 de diciembre de 1999, que fue ratificado por España y Suiza.

El instructor también pide a la Agencia Española de Seguridad Aérea (Easa) la información que ya solicitó a su homónima europea dada su condición de organismo adscrito al Ministerio de Transportes "que vela para que se cumplan las normas de aviación civil en el conjunto de la actividad aeronáutica de España y que tiene entre sus funciones la de supervisión e inspección" del transporte aéreo y la seguridad aeroportuaria. Entre sus funciones, recuerda, figura evaluar los "riesgos" en la seguridad del transporte, ejerciendo la potestad sancionadora "ante las infracciones de las normas de aviación civil".

Por último, a la vista de los Convenios de Montreal de 1971 y 1988, acuerda informar a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) -la agencia especializada de la ONU en materia de aviación civil y promotora de los referidos convenidos- de los altercados registrados en la toma del Prat por Tsunami el 14 de octubre de 2019, para precisar "si tenían conocimiento de ello" y, en caso afirmativo, "si se ha realizado alguna actuación al respecto".