El juez de "Tsunami" pide al Supremo que investigue a Puigdemont por su "posición de autoridad incuestionable"

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigue por un delito de terrorismo en la causa de Tsunami Democrátic al expresidente de la Generalitat y miembro del Parlamento Europeo Carles Puigdemont, a la dirigente de ERC Marta Rovira y a otras diez personas. Para el magistrado, no se trata de imputar cualquier sospecha o conjetura. Existen indicios "fundados y serios" de la comisión de hechos que se pueden calificar como acciones de terrorismo.

En su exposición razonada -un paso que Dignidad y Justicia había instado a dar al magistrado- García Castellón señala que para el esclarecimiento de los hechos es necesaria la práctica de diligencias de investigación que no puede practicar por estar aforados Puigdemont y el diputado del Parlament de Cataluña Rubén Wagensberg.

El juez cree que Puigdemont desempeñó una posición ejecutiva y de liderazgo en la organización Tsunami Democrátic. Esto se deduce “de la ascendencia” que elexpresidente de la Generalitat tenía para el resto de los participantes que están siendo investigados en este mismo procedimiento, que aparece de modo transversal en las diferentes comunicaciones recogidas en los informes policiales.

Además, del análisis de la agenda de Alay, su secretario, se encontraron indicios de que acudió a las reuniones que se celebraron en Ginebra los días 29 a 31 de agosto de 2019, donde pudo producirse la planificación de las actuaciones de Tsunami Democrátic.

Las investigaciones practicadas permiten inferir indiciariamente que Tsunami contaba con una organización "estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, dirigida por varias personas con roles diversos que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo, cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado, y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva", señala la exposición de motivos.

También destaca la participación de Arnaldo Otegi en la gestación de la organización y destaca la necesidad de citarlo como testigo para que declare sobre lo que sabe de la planificación y aparición de Tsunami, con el fin de esclarecer lo acontecido en la reunión en Ginebra.

En relación a los actos del 14 de octubre de 2019 en el Aeropuerto de El Prat de Barcelona, donde se utilizaron armas, artefactos y sustancias de similar potencia destructiva (artefactos de pirotécnicos, mecanismos de disparo de proyectiles metálicos, extintores, se lanzaron contra los agentes y desde una altura de hasta dos plantas carros portamaletas, extintores, piedras, botellas, garrafas, cristales, metales, maderas, etc), el juez considera que con estas actuaciones se logró perturbar el servicio de la aviación civil internacional y los servicios del aeropuerto, poniendo en peligro la seguridad de esta infraestructura y del tráfico aéreo.

Estos actos ilícitos que se produjeron en El Prat causaron daños materiales graves en las instalaciones aeroportuarias.Y añade que los actos que se produjeron durante el bloqueo del aeropuerto pudieron influir en el resultado del fallecimiento de una persona, confirmando el riesgo que la acción ejecutada por Tsunami Democrátic pudo suponer para la integridad de las personas presentes en el Aeropuerto de Barcelona. Para García Castellón, la calificación de estos hechos responde "sin lugar a duda" a una acción terrorista.

Sobre los cortes de la AP-7 La Junquera, el magistrado cree que hay una "sintonía estratégica" desde el poder institucional de Cataluña en esos momentos con las acciones de Tsunami Democrátic, algo que se evidenciaba en las cuentas institucionales de los líderes en redes sociales, pero que se aprecia de forma más clara en lo ocurrido el 11 de noviembre de ese año, cuando el presidente Joaquim Torra visitó el lugar de los hechos. "La más alta representación del Estado en el territorio justificó la acción, afirmando que no habría cargas de los Mossos contra los manifestantes", a pesar del perjuicio económico y la afectación a los derechos fundamentales de los usuarios de la vía.

Asimismo, cree que se cometieron acciones dentro de España, en diversos puntos del territorio debido a que con la afectación de la torre de control aéreo de Barcelona-Gavá y, además, Tsunami ejecutó acciones fuera deCataluña, como la intención de bloquear el aeropuerto deMadrid Barajas, así como el paso fronterizo de Guipúzcoa.

En el escrito de García Castellón al Tribunal Supremo se sostiene que “un análisis riguroso de los hechos expuestos” no permite descarta que Tsunami tenga la consideración de “grupo terrorista”.