La jueza procesa al novio de Ayuso por fraude fiscal

La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid procesa al novio de Isabel Díaz Ayuso por el caso fiscal vinculado a una de sus empresas al que se enfrentaba.

La jueza Inmaculada Iglesias pone fin a la investigación contra Alberto González Amador por la presunta defraudación de 350.000 euros en los Impuestos de Sociedades de dos ejercicios anuales (2020 y 2021) con su mercantil Maxwell Cremona.

La instructora le acerca así al banquillo de los acusados por dos delitos fiscales y uno de falsedad en documento mercantil. Archiva, en cambio, la causa para su asesor fiscal Javier Gómez Fidalgo, al que imputó como colaborador necesario en la supuesta deducción indebida de gastos ficticios que llevó a cabo el empresario con la intención de reducir la carga de su tributación.

La jueza le excluye después de que en su declaración como investigado explicase que él solo intervino en los asuntos fiscales de González Amador, cuando las autoliquidaciones objeto de escrutinio judicial ya estaban presentadas y la inspección de la Agencia Tributaria ya había sido abierta.

El procesamiento a través del procedimiento abreviado también afecta a cuatro colaboradores suyos vinculados a la actividad económica de esta empresa.

Considera que «los indicios de participación» del empresario y estos otros investigados se desprenden de «las actuaciones» llevadas a cabo por los servicios de inspección de Hacienda, que fueron «ratificadas por los peritos que emitieron los informes en sede judicial».

La presunta defraudación –expone la jueza en su auto– se habría ejecutado con 14 facturas «que se reputan falsas» y a través de la facturación a otra mercantil, Masterman & Whitaker SL, de parte de los servicios prestados al grupo sanitario Quirón con Maxwell. Por tanto, habría utilizado a la primera como «sociedad instrumental» porque no cuenta con medios para cumplir con los encargos.

Pero, por otro lado, la jueza Iglesias seguirá instruyendo la pieza separada –que se desgajó de este procedimiento principal– relativa a si la pareja de la presidenta madrileña pudo incurrir en corrupción en los negocios y administración desleal en otra serie de negocios que mantuvo con Quirón.

Ahora, tanto el Ministerio Fiscal como las acusaciones populares, PSOE y Más Madrid, tendrán que reclamar la apertura de juicio oral, o, inesperadamente, el sobreseimiento de las actuaciones.

Le acusa de vulnerar su derecho a defenderse

La defensa de González Amador no ha tardado en reaccionar al procesamiento con un escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, en que advierten que lo recurrirán, alegando que la instructora ha lesionado con su decisión su derecho a la defensa.

Principalmente, porque negó la práctica de una serie de diligencias de indagación que pidió el empresario para su defensa y que considera que son «elementales en cualquier procedimiento de esa naturaleza».

Los letrados recuerdan que la jueza no ha permitido que declaren una serie de testigos que demostrarían –según sus abogados– «la imposibilidad» de que las facturas en cuestión hayan sido falsificadas.

Tampoco ha accedido, exponen, a encargar una prueba pericial tributaria a fin de verificar si las autoliquidaciones investigadas presentan o no signos de infracción fiscal.

Por último, recuerdan que, después de que la Audiencia Provincial de Madrid confirmase la apertura de la mencionada pieza separada, no se ha permitido a González Amador declarar nuevamente, después de que la última vez que compareció se acogiese a su derecho a no declarar a la espera, precisamente, de la decisión de los magistrados madrileños sobre la pieza.

Estas tres son las diligencias que reclamaron a la jueza Iglesias que practicase y por las que, como no se llegaron a llevar a término, sus letrados sostienen que se ha vulnerado su derecho a la defensa.

Más aún, recuerda la representación legal del novio de Ayuso, cuando, a principios de marzo, ella acordó prorrogar la instrucción seis meses más y, por tanto, de no ser por esta decisión conocida este jueves, la fase de investigación se habría extendido hasta el próximo 20 de septiembre.

Se da la circunstancia de que la jueza Iglesias se jubilará de manera anticipada este agosto, con 65 años, después de que así lo aprobase el TSJM.