El Tribunal Supremo vive desde mañana un juicio histórico. En el banquillo, por primera vez en la historia de la institución, el fiscal general del Estado. Álvaro García Ortiz afronta una petición de condena de entre cuatro y seis años de cárcel por un delito de revelación de secretos por la supuesta filtración el 13 de marzo de 2024 de datos reservados –un correo en el que confesaba el fraude tributario por el que estaba siendo investigado para intentar llegar a un acuerdo con el Ministerio Público– del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El máximo representante de la Fiscalía encara el trance en el ejercicio del cargo tras haber sorteado una petición tras otra de dimisión con motivo de su imputación, procesamiento y, más recientemente, con la decisión del instructor, el magistrado Ángel Hurtado, de acordar la apertura de juicio oral. El Gobierno de Pedro Sánchez ha cerrado filas con él –descartando una hipotética destitución– y tampoco el Tribunal Supremo ha accedido a suspenderle en el cargo de forma cautelar, como reclamó sin éxito una de las acusaciones populares, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

No será, por tanto, el ciudadano García Ortiz quien intente demostrar su inocencia frente a la más alta magistratura de nuestro país, sino el fiscal general del Estado en ejercicio. Y lo hará, según fuentes de su entorno, tranquilo, convencido de su inocencia y vestido con toga. Además, con intención de sentarse en estrados junto a su defensa, que ejerce la Abogacía del Estado, una prerrogativa que no está expresamente prevista para el fiscal general (la mera posibilidad de que algún día la cabeza visible del Ministerio Público acabase ante un tribunal debió parecerle descabellada al legislador), pero sí para los profesionales de la abogacía, y a la que accederá la Sala.

No prevé pedir al tribunal ausentarse

Esas mismas fuentes señalan que el fiscal general tiene previsto asistir, salvo imponderable que en todo caso debería autorizar el tribunal que preside el magistrado Andrés Martínez Arrieta, «a todas las sesiones» de la vista oral (tres esta semana, de lunes a viernes, y otras tantas la siguiente, aunque de martes a jueves). Y tampoco parece dispuesto, o eso al menos apuntan fuentes de la Fiscalía General del Estado, a plantear reparos a la negativa de la Sala a retransmitir en directo el juicio (como sí ocurrió con el juicio del «procés»).

García Ortiz se ve abocado a juicio un año después de que, en octubre de 2024, el Tribunal Supremo decidiera abrir una causa penal contra él al aceptar los argumentos para investigarlo que le remitió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde inicialmente se instruyó el procedimiento tras las iniciales querellas de González Amador y del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). Desde entonces, se sucedieron imágenes nunca vistas, como la entrada de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) en la sede de la Fiscalía General del Estado para incautarse de sus dispositivos electrónicos o la declaración en el alto tribunal de García Ortiz como imputado.

Otros hechos igualmente insólitos afloraron a lo largo de la investigación, entre ellos el borrado de su móvil por parte del fiscal general el mismo día en que el Supremo avaló la investigación contra él o el cambio de dispositivo solo una semana después. Unos hechos sin trascendencia penal en sí mismos pero reveladores, para las acusaciones populares, de que pretendía hurtar a la investigación el análisis de sus mensajes. «Nadie borra su inocencia», llegó a apuntar el abogado de APIF, Juan Antonio Frago, en uno de sus escritos.

El correo clave

A García Ortiz se le acusa fundamentalmente de filtrar la noche del 13 de marzo del pasado año a la cadena Ser ese correo del 2 de febrero en el que la defensa de González Amador reconocía el fraude fiscal y tendía la mano al fiscal del caso, Julián Salto (será el primero en testificar mañana mismo, pues el fiscal general declarará en último lugar el día 13), para cerrar un acuerdo de conformidad. O lo que es lo mismo: una confesión a cambio de una rebaja considerable en la petición de condena para evitar el riesgo de entrar en prisión.

En esta supuesta actuación delictiva se centran todas las acusaciones populares, que le atribuyen un delito de revelación de secretos. No obstante, algunas acusaciones populares (APIF y Fundación Foro Libertad y Alternativa) ponen también sobre la mesa un posible delito de prevaricación, mientras que Manos Limpias plantea de forma alternativa (para el caso de que el tribunal descarte que García Ortiz revelara secreto alguno) una condena por un delito de infidelidad en la custodia de documentos.

En ese empeño, la acción popular (que además integran el ICAM y Hazte Oír y Vox, aunque estas dos últimas agrupadas bajo el paraguas de Foro Libertad y Alternativa) no estará respaldada por la Fiscalía, pues esta no ve motivo alguno para sentar en el banquillo a su máximo representante. En casos como este, de salir adelante la reforma que impulsa el PSOE para limitar el papel de la acción popular en el proceso penal, García Ortiz no habría ido a juicio.

Los indicios contra el fiscal general

La defensa del fiscal general tendrá que intentar desbaratar la batería de indicios que ya ha desgranado el juez Hurtado a lo largo de la causa: el frenético intercambio de mensajes el 13 de marzo, fundamentalmente con la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez (que estuvo imputada hasta la recta final del procedimiento), para recabar los mensajes intercambiados entre el abogado de González Amador y el fiscal del caso, el hecho de que el correo clave se difundiera públicamente apenas cinco minutos después de que lo recibiera el acusado para «cerrar el círculo», como él mismo se encargó de recordar a su subordinada, o el precipitado borrado de sus mensajes, que él atribuye al cumplimiento de un protocolo interno de seguridad para salvaguardar la protección de datos en el seno de la Fiscalía.

Hurtado también incidió en la utilización política de ese correo como arma arrojadiza contra Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid al día siguiente de la filtración, con la entonces asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera (que también testificará en el juicio) intentando convencer al todavía líder del PSOE madrileño Juan Lobato de que exhibiera una copia de ese correo en la Cámara autonómica.

El instructor llegó a apuntar a Moncloa, deslizando que desde la propia Fiscalía General del Estado se habría filtrado ese correo para que se utilizara políticamente contra la líder del PP en Madrid, pero la Sala Penal enmendó a Hurtado y convino en que esa referencia en el auto de procesamiento era del todo prescindible.

Defiende su inocencia

Por contra, García Ortiz ha negado en todo momento esa filtración y sobre esa negativa construirá su defensa. No obstante, para el caso de que el tribunal llegue a la convicción de que sí divulgó ese correo, incidirá en lo que ha venido exponiendo hasta ahora: ningún secreto se podía revelar porque su contenido era ya conocido por varios medios de comunicación. Un argumento que no ha convencido al juez ni, tampoco, a la Sala de Apelaciones del Supremo, aunque el magistrado Andrés Palomo se opuso al aval de sus dos compañeros a Hurtado.

El fiscal general sostiene que se limitó a actuar en defensa de la institución para desmontar un bulo: que había sido la Fiscalía, y no al revés como efectivamente sucedió, quien había ofrecido un acuerdo a González Amador y que desde Fiscalía General se había vetado por tratarse de la pareja de Díaz Ayuso. Lo hizo después de que el jefe de gabinete de la presidenta regional, Miguel Ángel Rodríguez, filtrase a un grupo de periodistas otro correo que le facilitó la pareja de Ayuso en el que el fiscal Julián Salto se avenía a un posible pacto el 12 de marzo.

Tras la publicación de esa noticia en «El Mundo», ha reiterado, reclamó los correos que se intercambiaron el fiscal y el abogado del empresario para elabora una nota pública desgranando toda esa secuencia temporal, como efectivamente hizo la Fiscalía Provincial de Madrid el 14 de marzo con la oposición de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra (su testimonio resultará clave). Lastra reprochó a Pilar Rodríguez que facilitara ese correo a García Ortiz («lo va a filtrar», le advirtió) e incluso le preguntó directamente al fiscal general si había sido él quien lo había filtrado. «Eso no importa ahora», fue su respuesta.