Junts y Esquerra salvan al ministro Torres de la "reprobación" en el Congreso por el "caso Koldo"

El ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres se ha salvado por muy pocos votos de ser "reprobado" por el Congreso por su relación con el "caso Koldo". En una moción presentada por el PP, se incluían dos puntos: por un lado, se reclamaba que asumiera "responsabilidades políticas" porque su "permanencia en el Gobierno" es "injustificable", por lo que realmente se estaba pidiendo su reprobación y cese; y, por otro, se solicitaba que cualquier investigación llevada a cabo por las Fuerzas y Cuerpos del Estado y los jueces se haga de "manera independiente" y "sin interferencias ni presiones políticas". Finalmente, el texto ha quedado rechazado por el Congreso gracias a los votos de Junts y ERC.

La iniciativa, que ha quedado rechazada con 173 votos en contra pese alos 169 votos a favor, tampoco era vinculante, pero sí es significativa porque permite ver la postura de los grupos parlamentarios del Congreso. Y, en este sentido, a favor han votado PP, Vox, UPN y Coalición Canaria, mientras que el resto de formaciones ha votado en contra, salvo el BNG, que se ha abstenido.

El PP atribuye a Torres responsabilidades políticas en la presunta trama de corrupción porque su Gobierno de Canarias pagó 12,5 millones de euros por material sanitario a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, la empresa del "caso Koldo". De hecho, en la iniciativa del PP, de cuatro páginas, se recoge que esos 12,5 millones de euros se pagaron parcialmente con fondos europeos y eso ha llevado a la Fiscalía europea a abrir una investigación para aclarar los hechos y dirimir responsabilidades.

En estos momentos, el "caso Koldo" está siendo instruido en la Audiencia Nacional, pero el ministro Torres no está imputado judicialmente. No obstante, está por ver cómo evoluciona la investigación judicial por la contratación de material sanitario a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas.

Además, también se ha votado la propuesta de Vox que instaba al Gobierno a promover el cese de Montero, como máxima responsable de la contratación del Estado, por "dejación de funciones" en el control de los contratos públicos "con el resultado de millones de euros perdidos en comisiones y suministros defectuosos". Sin embargo, también ha quedado tumbada por la mayoría que dio apoyo a la investidura de Pedro Sánchez.